El Consell d'Eivissa ha elaborado un extenso informe de 18 páginas en el que pide al Ayuntamiento de Vila que aclare todas las dudas técnicas que existen sobre la nueva estación de autobuses del Cetis. En concreto, el Consell quiere que se acredite que se cumple el artículo 184 de la ley de transportes. Según explicó la consellera insular de Mobilitat, Pepa Costa, quieren saber por ejemplo si es legal que el Cetis tenga un solo acceso regulado por un semáforo, ya que normalmente las estaciones tienen una vía de entrada y otra de salida. «Si el Ayuntamiento acredita que esto es correcto lo aceptaremos, pero ningún documento lo dice; ellos han colocado un semáforo y mientras un autobús entre el otro esperará, pero no queremos que se pueda producir un accidente, los técnicos no lo ven claro», explicó Costa, que quiere que Vila les garantice «que esto es legal».
La consellera explicó que otra de las dudas que le expresan al Ayuntamiento tiene que ver con los andenes, que se han construido «al revés». «Los pasajeros bajarán al asfalto y no a la acera», indicó Costa, que añadió también que en este informe los técnicos se preguntan también muchas otras cosas. Por ejemplo, cómo funcionará el sistema del semáforo, si los autobuses tendrán que implantar una tecnología especial para entrar y salir o cómo se regulará el flujo de entrada y salida. Otra de las dudas es qué pasará cuando un bus deba salir a una hora y otro deba entrar a esa misma debido al único acceso existente y si tendrá que haber un jefe de estación para regularlo. También se tiene que acreditar que se cumplen las condiciones de accesibilidad para los discapacitados.
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Asimismo, el Consell solicita a Vila que acredite que no se molesta la circulación de la zona y que la estación y los andenes tienen la superficie mínima necesaria.
Por otro lado, se pide algo que también exige la ley, y es que sea viable económicamente. «En el momento de la aprobación del proyecto tendría que haber quedado acreditada su rentabilidad social, de modo que los cánones se pudieran pagar», aclaró Costa, que ha pedido también a Vila que les facilite el estudio económico para ver por qué se fijaron las cantidades máximas de 50 euros por entrada del bus a la estación, algo que supone un coste anual de más de un millón de euros.
«El Ayuntamiento aprobó unas tasas que ahora no sabemos quién deberá asumir, porque no queremos que lo pague el usuario», recordó Costa, que no tiene claro que sea el Consell el que deba abonar el dinero.
La consellera consideró que el Ayuntamiento de Eivissa ha contestado de «forma parcial» sus requerimientos y por eso le piden más información para que se garanticen las condiciones técnicas y de seguridad. En junio ya se pidió a Vila que justificara si la estación cumplía la normativa, que se especificaran las paradas y líneas, las condiciones económicas y el uso interno de la estación.
Costa también se mostró sorprendida porque el exconseller Albert Prats no envió el informe de los técnicos del Consell al Ayuntamiento pese a estar hecho desde abril. «Solo les requirió cuando perdió las elecciones», añadió Costa.
Sagalés: «Todos los técnicos que han pasado por ahí dicen que está correcto»
La portavoz de la Sociedad Gestora Cetis, Teresa Sagalés, aseguró ayer que «todos los técnicos que han pasado por ahí dicen que está correcto, solo hay que escucharles». Sagalés indicó que no tiene información sobre las dudas u obstáculos técnicos que encuentra el Consell en la estación de autobuses.
«Se está intentando hablar con ellos, pero vemos que hablan más con vosotros, la prensa, que con quien deberían hablar», destacó la portavoz, quien señaló que nunca le había ocurrido que tras finalizar la construcción de una instalación de estas características, la misma permaneciera cerrada. «Normalmente los propietarios tiene interés en abrirla. Aquí, en el Ayuntamiento, parece que no tienen interés porque en el fondo es propiedad del Ayuntamiento y del pueblo de Eivissa, evidentemente», agregó la portavoz.
Teresa Sagalés aseguró también que es «evidente» que mantener cerrada la estación provoca un perjuicio económico a la sociedad Cetis, aunque descartó interponer una demanda de reclamación.
En cuanto a las tarifas, la portavoz destacó que la sociedad gestora, como concesionaria, «hará lo que diga el Ayuntamiento».