El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos se acogió a su derecho constitucional de no declarar ante dos jueces de Palma en sendas causas por una presunta estafa en la adquisición de establecimientos hoteleros en Mallorca, y ambos magistrados le prohibieron abandonar España, así como la obligación de comparecer cada quince días en los juzgados.
Ruiz-Mateos, defendido por el abogado Ignacio Peláez, estaba advertido por los jueces de que si no comparecía ayer, se iba a decretar una orden de búsqueda y captura. Finalmente, tras no presentarse en dos ocasiones en los juzgados de Palma, alegando motivos de salud, acudió a la sede judicial de Vía Alemania acompañado por uno de sus hijos.
El fundador de Nueva Rumasa no respondió a ninguna de las preguntas de los jueces, fiscales ni a los abogados de la parte querellante, pero sí atendió a los medios de comunicación mientras esperaba su turno para declarar en las distintas plantas del juzgado.
En el Juzgado de Instrucción 3, la jueza de refuerzo decretó la libertad provisional de Ruiz-Mateos, tal y cómo solicitaba el Ministerio Público, aunque con la obligación de comparecer cada quince días y la prohibición de salir del territorio nacional.
Fianza
En esta causa, la abogada de la parte querellante, Isabel Fluxá, había solicitado para el empresario prisión provisional eludible con fianza de dos millones de euros.
Inversiones Grupo Miralles (IGM) ejerce la acusación particular y reclama 13,9 millones de euros a la familia Ruiz Mateos.
La adquisición del hotel fue pactada en 2005 por medio de 116 pagarés por valor de 197.257,20 euros cada uno, pero los pagos se interrumpieron en julio de 2010. Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Palma, Enrique Morell, también prohibió al patriarca de la familia Ruiz-Mateos ausentarse del país y la obligación de comparecer de forma periódica en el juzgado, medidas que había reclamado el Ministerio Fiscal. Ruiz-Mateos también se negó a declarar en este juzgado.
En la causa se investiga la demanda interpuesta por la sociedad Inversiones Insulares Radó S.L. contra Ruiz_Mateos y su familia , a los que reclama el pago de 910.573,21 euros por impago en los pagarés acordados entre las dos partes tras la venta de los hoteles Beverly en Peguera y Canarias en 2008.
Además, la familia mallorquina Radó exige el pago de otros 20.385,96 euros en concepto de gastos y finalmente otros 279.287,75 euros por los intereses de demora, gastos y costas.
Que no le dejen salir de la isla, que es más agobiante