La Plataforma por la Convivencia, integrada por las asociaciones de argentinos, uruguayos, paraguayos, colombianos, marroquíes, rumanos, chilenos, ecuatorianos, senegaleses y mauritanos, remitirá la semana que viene una carta a la consellera de Sanitat del Govern, Carmen Castro, pidiéndole que revierta la decisión de exigir un documento del país de origen del inmigrante que certifique que se trata de una persona sin recursos económicos suficientes, documento necesario para que soliciten la renovación o tarjeta sanitaria para así poder ser atendidos.
Según afirmaron ayer en rueda de prensa Alda Yurramendi, presidenta de la asociación de uruguayos; Víctor Heyn, presidente de la asociación de paraguayos y Mohammed Eddars, presidente de la asociación marroquí, este requisito deja sin cobertura sanitaria a un «número importante» de personas en las Pitiüses, pues son casos que se producen de manera frecuente, según explicaron. «Desde aquí queremos responder a la inquietud de la gente respecto a los problemas que están teniendo cuando acuden a las consultas médicas por la exigencia, para renovar u obtener la tarjeta sanitaria, de un certificado que se emite en el país de origen donde conste que esta persona no tiene recursos económicos. Con esta medida pensamos que indirectamente en Balears se ha establecido una pena de muerte indirecta para las personas sin recursos porque no tienen el derecho a la salud», explicó Heyn. En este sentido, el trámite para solicitar el documento suele alargarse en el tiempo, pues tienen que traer de la agencia tributaria de su país «un certificado que diga que no dispone de recursos económicos, documento que tiene que estar legalizado en Relaciones Exteriores y en el Consulado Español».
Heyn, Eddars y Ayurramendi aseguraron ayer que hay casos en Eivissa de inmigrantes que han acudido a urgencias y no se les ha atendido: «Tenemos denuncias de gente en este sentido o bien se les atiende y se les dice que se les va a cobrar una factura, por lo que ante el pago deciden no ser atendidos», puntualizó Ayurramendi. Llegados a ese punto son muchos los casos de quienes acuden a la farmacia a buscar medicamentos para tratar sus dolencias o enfermedades. Heyn explicó que esta situación conlleva a un problema de «salubridad pública porque hay personas con enfermedades infectocontagiosas que si no se tratan pueden repercutir en la salud de los que están a su alrededor». La Plataforma por la Convivencia calificó esta medida como «una discriminación muy grande por parte del IB-Salut» y aseguró que los mediadores culturales de los centros de salud que intervienen cuando alguien no sabe comunicarse bien en castellano con el médico se han eliminado.
racistas no realistas,ya esta bien de que xupen del bote ahora que tienen que apretarse el cinturon igual que nosotros ya somos racistas mejor ser racista como tu dices que jilipollas y nos tomen por el pito del sereno,pero nada pagales tu(vicent torres), la sanidad si tan mal te parece,si en sus propios paises tienen que pagar sino quieren morirse como animales ,sin ningun derecho y aqui que los españolitos paguen,para mezquitas y otras cosas si hay dinero pero hay cuando se acaban los privilegios salta la palabrita,,,racista,