En la última semana han aparecido muchas dudas sobre el nuevo decreto urbanístico aprobado por el Govern. Por ejemplo, el Consell y el Ayuntamiento de Sant Antoni se encontraron con la sorpresa de que se había anulado un artículo que permitía declarar urbano ses Variades.
-Hay quien dice que el decreto es confuso.
-Son materias muy complejas y es difícil de entender. A veces una sola lectura no basta, hay que analizarlo mejor.
-El Consell d'Alcaldes ha pedido al Govern que aclare la situación urbanística de ses Variades, porque tienen dudas de que lo puedan convertir en urbano tras la anulación del artículo.
-No me ha llegado aún la petición. Aquí hay que ser escrupulosamente respetuoso con los temas competenciales. El Govern puede dar una opinión, pero en ningún caso nuestra opinión respecto a un tema urbanístico puede ser predeterminante para las administraciones competentes en urbanismo, que son el Consell y los ayuntamientos. Si se nos pide un informe lo podemos emitir, pero la última palabra la tienen ellos, aunque podemos clarificar.
-Sant Antoni y el Consell apuestan por que esa zona sea urbana y lo que habrá que saber es si pueden declarar urbano ses Variades en virtud del decreto o si tienen que hacer una enmienda para arreglarlo.
-Ses Variades no es urbano. Se pueden plantear un cambio o no, dependerá de que se ajuste a lo que determine el decreto-ley con independencia de que en el Parlament se apruebe una enmienda. No podemos predeterminar lo que hará el Parlament. Cuando redactamos el decreto no trabajamos pensando en casos concretos como el de ses Variades.
-Anteayer se habló del decreto en el pleno del Consell y la oposición criticó que invade competencias y que no se ha tenido en cuenta a Eivissa.
-Esto no es cierto. Al Consell se le ha tenido en cuenta porque hemos estado en contacto permanente. Y el decreto no invade competencias, al contrario, renuncia a algunas. Por ejemplo, el tema de los campos de golf. Hasta ahora estaba regulado por una ley que se ha eliminado con el decreto, con lo que ahora la regulación básica la hacen los planes territoriales de cada isla. Da más competencias y más juego a Consells y ayuntamientos.
-Los proyectos constructivos que no hayan recibido respuesta de la Comissió Balear de Medi Ambient en dos meses estarán exentos de presentar evaluación ambiental. Sin embargo no se especifica a partir de cuándo. ¿Qué pasa con los expedientes ya iniciados?
-Es verdad que igual ha quedado algún fleco por resolver y supongo que se arreglará por vía parlamentaria. Es cierto que no queda claro.
-Supongo que se hará con los proyectos que se presenten a partir de ahora y no con los que ya se están tramitando.
-Supongo que sí, porque si fuera retroactivo, provocaría una avalancha de cosas que se aprobarían por silencio administrativo, y esto se hace precisamente con la intención contraria, que es para que la Administración funcione mejor y no para crear un caos.
-¿Estas facilidades mermarán la sostenibilidad de los proyectos?
-En principio no. De hecho si se infringiera la norma se tendría que revisar. La finalidad no es perder garantías. La intención es una renovación profunda de la Comissió Balear de Medi Ambient, de su funcionamiento, de la forma de gestionar los expedientes... El objetivo es que lo que se tenga que informar se informe y se haga en el plazo que toque.
-Otra cosa que se ha criticado es que ahora ya no haga falta permiso para abrir un pozo. Solo se tendrá que comunicar a la Administración.
-Hace falta una comunicación previa. Esto es muy coherente con todo el tema de actividades de la directiva Bolkestein. Por ejemplo, para abrir comercios se hace vía comunicación previa. Lo tienes que comunicar porque la Administración en lugar de controlar que cuando tengas permiso lo tengas bien, hace un control a posteriori. Las garantías no se ven mermadas y es también una forma de facilitar que quien quiera hacer actividades tenga menos obstáculos.
-¿Esto no supondrá una proliferación de pozos?
-No. Simplemente se comunica primero y luego se comprueba que se cumple la legalidad. No deja de ser algo reglado.
-Después de una semana con el decreto en vigor, ¿se modificará algo más aparte del tema de la tramitación ambiental?
-Lo estamos estudiando con los consells y ayuntamientos. Es posible que se hagan ajustes porque son temas muy complejos y siempre hay cosas que no quedan claras, pero no tenemos definidos los aspectos.
-Una cuestión que han aplaudido mucho los ayuntamientos en Eivissa es la posibilidad de que los asentamientos rurales se conviertan en urbanos. Son núcleos de casas hechas en su día de forma irregular y que daban muchos problemas a la hora de hacer los planeamientos urbanísticos.
-Aquí hay varios temas. Cosas hechas más o menos ilegalmente o alegalmente o pequeñas urbanizaciones con chalets sin alcantarillado. Les damos una herramienta más a consells y ayuntamientos para ordenar estos suelos para que sean urbanos y asuman las cargas que implica esto. Eximimos de forma excepcional el tema de alcantarillado si el coste es inviable o son lugares muy alejados.
-La izquierda y los ecologistas se temen que haya núcleos infradotados y que los ayuntamientos tengan que asumir los costes.
-En principio el coste lo asumen los propietarios. Otra cosa es que el ayuntamiento quisiera sufragar determinadas cosas.
-También cambia la ley de disciplina urbanística para bonificar a los que legalicen lo que tienen o lo derriben. ¿Esto no premia al infractor?
-Derribar no cuesta barato, es caro y encima luego tenían que pagar una multa. Esto era una petición de los consells. Es complicado que la Administración llegue a derribar, por lo que premiamos a quien derriba. Es como con las multas de tráfico, que si las pagas antes te la rebajan. Se trata de recuperar cuanto antes la legalidad, porque la tramitación suele ser larga, se va a los tribunales y es costosísimo para la Administración.
-Se exime a los ayuntamientos que no hayan modificado sus planeamientos de adaptarse al PTI. Tampoco hará falta que tengan catálogo de patrimonio.
-Yo ya llevo muchos años en esto y no quiero buscar culpables. Pero son docenas los ayuntamientos en Balears que no se adaptan. Alguna cosa no funciona y lo tendremos que arreglar.
-El Consell presentará enmiendas para acabar con la moratoria de construcción en ANEI. ¿Por qué no se puso en el decreto?
-Había cosas concretas que entendíamos que no debían salir del Govern. Es más adecuado y más elegante que se presente vía parlamentaria. Es un tema casi estético.
-También se ha criticado que se deje hacer obras en casas situadas en zonas protegidas.
-Son casas legales que se hicieron hace 100 años o con licencia pero que ahora han quedado en zona protegida. No se les dejaba hacer nada y ahora podrán hacer obras de mantenimiento.