El Consell d’Eivissa aprobará en el próximo pleno las enmiendas que presenta al decreto urbanístico del Govern. Entre otras cosas, se pedirá que se levante la moratoria en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y se recuperará todo el articulado de la ley 11/2005 derogada por los progresistas y que permite la plena aplicación del Plan Territorial (PTI) de Pere Palau. Asimismo, se establece una nueva ordenación de sa Coma y se permitirá a los ayuntamientos eliminar la protección de 250 metros de alrededor de las iglesias. Finalmente no se incluye ninguna enmienda específica para que ses Variades sea urbano. Según el conseller de Territori, Mariano Juan, el actual decreto ya permite en su disposición transitoria primera incorporar como urbano este terreno de Sant Antoni.
Se elimina la moratoria en ANEI. El conseller de Territori recordó que desde 2007 existe una moratoria en ANEI que impide dar licencias de construcción en estos espacios ni hacer segregaciones. Los progresistas la aprobaron mientras no estuviera en vigor el nuevo PTI que finalmente fue retirado. Ahora en ANEI se podrá volver a construir en terrenos de 50.000 m2.
Recuperar la plena vigencia del PTI. Los progresistas derogaron varios artículos de la ley 11/2005 que ahora el PP recuperará con una enmienda. Se trata de una normativa que en su día elaboró el PP para poder desarrollar en toda su plenitud el PTI, ya que sin ella se iría en contra de otras leyes territoriales. A partir de ahora, por ejemplo, se podrán computar parte de los terrenos que se tengan en los 500 primeros metros de costa (inedificables) para poder construir fuera de esa franja (artículo 3b). También se recupera parcialmente el artículo 4, que permitirá que el propietario pueda trasladar la edificabilidad de un terreno que le protejan. El artículo 5 hará que se puedan construir juntas varias casas para que «no se tengan que hacer cuatro caminos ni cuatro instalaciones». Según destacó Juan, esto también es «beneficioso porque se reduce el consumo de territorio». El artículo 6 permite bonificar con un 25 por ciento en caso de que se agrupen fincas ANEI o forestales y el 7 que puedan autorizarse núcleos rurales en Áreas de Protección Territorial de Costas. En este punto, Juan destacó que este artículo no es redundante con el que incluye el decreto del Govern y que permite este tipo de núcleos. El artículo 8 permite legalizar casas ilegales pero cuyo delito haya prescrito. Ahora, los propietarios de estas viviendas podrán solicitar licencia, aunque tendrán que pagar una sanción del 10%. Incluso podrán ampliarse «en caso de que lo permitan los parámetros urbanísticos de su parcela». El artículo 9 da luz verde a la ampliación de viviendas que se construyeron legalmente en su día, pero que ahora han quedado fuera de ordenación. Dentro de este paquete también se incluye la recuperación del artículo 11, que facilita la construcción de campos de golf en Eivissa. Ahora mismo, la ley de suelo rústico solo permite una actividad en una finca registral. Por lo tanto, si se hubiera hecho un golf en la Isla , que cuenta con muchas casas dispersas, seguramente afectaría a alguna vivienda y eso lo imposibilitaría. Con este artículo se permite que se pueda hacer actividad de golf y que esos inmuebles que quedan dentro del perímetro se puedan convertir en viviendas turísticas o agroturismos.
Redelimitación de los alrededores de las iglesias. Otra de las enmiendas que presenta el Consell es para que los ayuntamientos puedan eliminar la protección de 250 metros que actualmente hay en los conjuntos históricos, por ejemplo alrededor de las iglesias. El conseller explicó que dentro de esa delimitación a veces hay edificios que no son merecedores de protección, lo que da lugar a situaciones «injustas» y a veces a «graves problemas», porque recordó que en Formentera se obligó a tirar un edificio con licencia por haberse construido en esta área de 250 metros. «Se podrán sacar de la delimitación edificios que no tiene sentido protegerlos», aclaró Juan, que remarcó que esto no quiere decir que en estos inmuebles se puedan hacer reformas que tengan impacto sobre las iglesias, ya que en todos los casos hay que cumplir la ley de patrimonio y pasar por la Ciotupha.
Sa Coma para los ayuntamientos. El conseller recordó que el anterior Govern quitó las competencias a los ayuntamientos de Sant Antoni y Santa Eulària de forma «unilateral» en este espacio, lo que fue respondido con contenciosos judiciales. Con esta enmienda se devolverán las competencias y sa Coma queda como «régimen general». Antes de dar autorizaciones, se pasará por el Consell d’Alcaldes y luego se enviará a los ayuntamientos para que emitan un informe vinculante. Tras este trámite se podrán solicitar las licencias de actividad. Juan indicó que este es el acuerdo previo para que se retiren los recursos.
Juan destaca que habrá más facilidades para el golf
Mariano Juan destacó que con esta enmienda que aprobarán ya se podrán autorizar campos de golf en fincas que también tengan viviendas dentro. Ahora mismo, la normativa en cuanto a golf la regula el PTI y en abril se dará a conocer si se hace alguna modificación por ejemplo para permitir edificación adjunta. Por otro lado, el portavoz de PSOE-Pacte, Xico Tarrés, indicó que no apoyarán estas enmiendas y que no está a favor de reactivar la economía con más construcción. «Hay que pensar en el futuro a largo plazo», dijo.
Quieren incluir la desprotección de Benirràs
El Consell quiere ver si llega a un acuerdo con los propietarios de Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera antes del 2 de abril, fecha límite para presentar enmiendas, de forma que se pudiera incluir en la ley la desprotección de estos espacios. El presidente Vicent Serra destacó que lo importante es disminuir el riesgo de indemnización sin dejar construir todo lo inicialmente previsto («buscamos soluciones que se adapten a los tiempos actuales»). Recordó que llevan tiempo negociando y no pudo avanzar si se incluirá un traslado de edificabilidad a un lugar con menos valor ambiental o si finalmente se dejará construir todo lo previsto. «Hay muchas posibilidades, pero no jugamos con nuestro dinero, jugamos con dinero público y hay que reducir indemnizaciones», insistió Serra, que recordó que la sentencia de Cala d’Hort que obligaba al Govern a pagar una indemnización mínima es un caso distinto porque no había infraestructuras.
Por otro lado, en abril informarán también sobre su posición sobre golf y puertos deportivos para no alargar más el debate y dar salida a todo el tema territorial a la vez.