El transporte sanitario no urgente o programado seguirá siendo gratuito, al menos, durante los próximos seis meses después de que el Gobierno central aprobara el viernes un Real Decreto de reformas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que también recoge el copago farmacéutico.
Así lo ha señalado hoy la consellera balear de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, que ha explicado que la nueva normativa fija un plazo de seis meses para que la comisión de prestaciones del Ministerio de Salud y Consumo defina las patologías que se incluyen dentro del transporte o urgente o programado.
Posteriormente, este listado como la cantidad que debe pagar cada paciente por desplazamiento son asuntos que aprobará el consejo interterritorial de Salud, que reúne a la ministra y a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas.
Con ocasión de un acto público, Castro ha querido enviar un mensaje de tranquilidad para todos los pacientes de Baleares que emplean este servicio de manera gratuita, porque así lo seguirá siendo en los próximos meses.
La titular de Salud ha manifestado que tras diez años de realizar un excesivo gasto sanitario en España, el Gobierno ha considerado necesario aprobar un paquete de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Consejo de Ministros dio el viernes luz verde al Real Decreto Ley que permitirá un ahorro de más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y universalidad de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los abusos en sus prestaciones.
Entre las medidas aprobadas destaca el «copago» de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10 % del precio de las medicinas con un tope de entre 8 y 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.
La reforma también incluye el control del denominado «turismo sanitario» y «fraudulento», mediante la adaptación de una normativa europea que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Gobierno, «seguirán siendo gratuitas».