La Plataforma por la Convivencia denunció ayer que se sigue pidiendo un certificado de carencia de recursos del país de origen de los inmigrantes sin recursos para tener la tarjeta sanitaria y recibir atención médica, un documento que supone un elevado coste económico para los extracomunitarios. «Cuesta menos ir a una consulta privada que pedir el certificado», dijo ayer Karima Chergui Bougrine, presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes de Eivissa, ante esta situación, que aludió al caso concreto de un marroquí en paro al que, a través de una carta de la Seguridad Social, se le ha pedido este documento para renovar la tarjeta sanitaria. «La salud es un derecho básico», aseguró. Sin tarjeta sanitaria cuesta 80 euros ir a urgencias por lo que algunos optan a ir a una farmacia.
Alda Yurramendi, portavoz de la Plataforma por la Convivencia, lamentó que pese a que el Govern dijo que no se iba a pedir y se iba a sustituir por un informe de la trabajadora social, «hoy en día en Eivissa se sigue solicitando este documento». «Al final lo que dieron en los centros de salud fue un listado de los países en los que se puede emitir este certificado pero de qué sirve si la gente no lo puede tramitar porque es sin recursos, tarda un mes y su coste es de 250 euros, si no necesita traducción», añadió Víctor Heyn, de la Asociación de Paraguayos.
De momento, se están atendiendo todos los casos aunque desde la Plataforma por la Convivencia precisan que se atiende con mucha insistencia por su parte. «Estamos muy atentos para que nadie quede sin recibir atención y por eso agradecemos la voluntad de los trabajadores sociales de Can Misses y de los ayuntamientos», dijo Heyn.
Advirtió de que no sólo afecta a un grupo de personas «sino que es un problema de salud pública porque cuando no se atiende a gente con enfermedades infectocontagiosas como meningitis, tuberculosis o sida pone en riesgo a toda la población y después qué va a hacer el Gobierno, como crear un campo de concentración para meter esta gente». También tacharon de «completamente insolidario y nada ético» el anuncio del Gobierno de eliminar la atención médica a los inmigrantes sin papeles. «Si uno recorta la salud y la educación es un gobierno fallido, porque si no lo pueden garantizar a su gente no sé para qué está».
Además, aseguraron que «hablan de los inmigrantes sin papeles como si fuera una mayoría, pero no es así ya que en 2011 supusieron el 2,5% de los casos atendidos en urgencias; están mintiendo» y que también puede afectar a otros colectivos que ahora no cotizan, como los sin techo, discapacitados o amas de casa.
La Plataforma por la Convivencia hizo un llamamiento a la opinión pública para que tome conciencia de esta situación. «Esto compete a toda la sociedad. Cada vez vamos de mal en peor», dijo Alda Yurramendi, que aludió a un caso concreto de médicos de Madrid que se niegan a seguir las órdenes de no atender a los inmigrantes. «Sería bueno que los médicos de las Islas dijeran que van a atender a la gente que no tiene papeles». «Esto es producto de la ineptitud de los políticos que prefieren recortar por debajo en vez de tocar lo que tienen que tocar que es la banca. Los que especulan no son los inmigrantes ni los ciudadanos a pie, sino el sistema financiero», añadió Heyn.