El conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha asegurado hoy que las medidas «tan fuertes y contundentes» que ha aprobado el Govern para reducir el gasto público tienen un «horizonte» temporal de aplicación, y ha previsto que estén vigentes hasta finales de 2013 o incluso hasta mediados de ese año.
Todo dependerá de la evolución económica y con el tiempo se podrán «reestudiar», ha señalado Gornés al finalizar la reunión que ha mantenido esta tarde, junto al vicepresidente económico, Josep Maria Aguiló, con los sindicatos en la Mesa de Empleados Públicos de la Comunidad Autónoma.
Gornés ha insistido a los periodistas que el Govern «se ha visto obligado» a adoptar estas medidas y que las mismas no se han podido negociar con los sindicatos porque no ha habido «margen para ello», dado la premura del ejecutivo central para que las comunidades presentaran sus planes de ajuste.
El titular de Administraciones Públicas ha señalado que le parece «bastante exagerada» la cifra dada por los sindicatos referida a que en torno a 2.900 trabajadores de la administración pública podrían quedarse sin empleo a raíz de este plan, aunque «ahora mismo» el Govern no tiene ninguna cifra concreta sobre los despidos.
Al tratarse de una reunión informativa, tal y como ha dicho el propio conseller, los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, STEI y CSI-CSIF-Sanidad han decidido levantarse antes de que los consellers hablaran porque la única intención del ejecutivo era «imponer y no negociar nada», y para informarse ya están los medios de comunicación, han esgrimido.
Sí se han quedado miembros de Cemsatse, ANPE y de servicios centrales del CSI-CSIF.
La representante de sanidad del CSI-CSIF, Beatriz Bueso, ha lamentado que el Govern se está «cargando» los derechos sociales y laborales y el Estado de Bienestar, mientras que Manel García, de CCOO, ha denunciado la falta de talante democrático del ejecutivo.
«Aquí, el Govern lo único que propone es recortar, recortar y recortar y ya está», ha lamentado García, mientras que Sebastià Serra, del área de Educación del STEI, ha dicho que con tanto recorte en Baleares «se está siendo más papista que el papa», respecto a otras medidas que están aplicando el gobierno central u otras comunidades.
En la reunión, el portavoz del Cemsatse, Miguel Lázaro, ha mostrado la «indignación y la tristeza» del colectivo médico porque sus 1.800 profesionales «van a pagar más» la crisis más que otros colectivos al congelar sus sueldos desde hace unos años, mientras que la clase política ni reduce sus retribuciones ni sus plantillas: «parece que con ellos no va este cuento», se ha quejado.
También ha advertido de que estas medidas supondrán una disminución de la calidad en la asistencia sanitaria «guste o no guste» porque las listas de espera aumentarán al disponerse de menos recursos sanitarios, y se tardará más tiempo en atender a la gente.
Al mismo tiempo, Lázaro ha destacado la predisposición de los médicos a trabajar más horas en una época de crisis y ha insistido en que, ante todo, la sanidad y la salud deben ser una «prioridad», y ha insistido en que se podían haberse aprobado antes que nada medidas de ahorro como las subvenciones a los partidos políticos o el gasto de las empresas públicas.