El Parlament balear ha ratificado hoy el decreto ley de medidas urgentes para recortar en 70 millones este año el gasto de personal de la Administración pública, una medida que el Govern cree imprescindible para reducir el déficit y que para la oposición degradará los servicios públicos.
El decreto, validado con los votos a favor del PP, el rechazo de la izquierda y la abstención del diputado no adscrito Antoni Pastor, suspende los complementos retributivos por productividad y servicios extraordinarios de los empleados públicos.
Además, anula las horas extra, los complementos para la prestación por incapacidad temporal, la prolongación del servicio después de la edad de jubilación y los días adicionales de vacaciones y asuntos propios.
La norma, contemplada en el plan de equilibrio económico que aprobó el Ejecutivo central a propuesta del Govern, contempla también la ampliación de la jornada laboral del personal autonómico de 35 a 37,5 horas semanales, una medida que entrará en vigor el 1 de julio.
El vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, ha subrayado que el decreto ratificado reduce «determinadas ventajas que los empleados públicos han obtenido» en momentos de bonanza económica y les obliga a realizar «un sacrificio solidario con el resto de la población activa» en un contexto de grave crisis.
La diputada socialista Lourdes Aguiló ha lamentado que se recorten «los derechos de los empleados públicos» al tiempo que se mantiene un «paraíso retributivo» en el entorno del presidente, José Ramón Bauzá.
El representante del PSM-IV-ExM i Més per Menorca Nel Martí ha centrado sus críticas en el deterioro de los servicios públicos que conllevarán los ajustes que sufrirán los trabajadores de la Administración y ha lamentado la pasividad del Govern frente a los impagos de los compromisos del Gobierno central con las islas.