La asociación de transportistas Ibizabús advirtió ayer de que puede operar en la ciudad «perfectamente sin necesidad de hacerlo desde la parada de Isidor Macabich o desde el Cetis», por lo que la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui «debería informarse mejor antes de recurrir a amenazas que solo ponen de manifiesto pataletas que no entendemos».
Éstas son las palabras que el gerente de HF Vilás, Francisco Vilás, manifestó ayer mediante un comunicado de prensa, en respuesta a las afirmaciones de la alcaldesa de Vila, quien el pasado jueves aseguró que, una vez estén las tarifas acordadas y las pruebas de operatividad realizadas, adoptará medidas legales como sancionar o impedir que los autobuses aparquen en la avenida de Isidor Macabich si el Consell no lleva a cabo el traslado de los mismos a la nueva estación.
«No sabemos qué le ha pasado a la alcaldesa, qué moto le han vendido los promotores del Cetis, o qué busca liderando en solitario una lucha contra instituciones, empresas y ciudadanos en la que nadie gana», lamentó Vilás, para quien las expresiones de Jáuregui son «una muestra de caciquismo ante el que no vamos a achantarnos», agregó. Asimismo, desde la asociación Ibizabús, en la que además de Vilás se encuentran las empresas Asansa y Voramar el Gaucho, insistieron en que la empresa concesionaria del Cetis «no ha solucionado las deficiencias de seguridad de esta infraestructura» y señalaron que «este edificio carece de actividad para poder operar como estación de autobuses».
Por ello, lamentaron que «una vez más, la alcaldesa haga declaraciones públicas amenazando al sector y haciendo gala de su arbitrariedad, desconocimiento y despotismo».
Resultado de la reunión
En cuanto al funcionamiento de los autobuses sin necesidad de parada ni estación, desde la empresa Vilás, afirmaron que en su caso «opera entre municipios» con lo cuál «podría recoger a gente en cualquiera de las paradas de autobús legales que hay en Eivissa» y cobrar los tickets desde los taquímetros instalados en los vehículos.
Por otra parte, ayer se celebró una nueva reunión entre el Consell y el Ayuntamiento de Eivissa.
Esta vez, según explicó el presidente del Consell, Vicent Serra, se ha acordado con el Consistorio que éste elaborará un estudio económico que justifique en qué se basa la última tarifa presentada por la concesionaria Sagalés, que propone una tarifa de cinco euros por entrada y salida de autobús, a la vez que el Consell redactará un protocolo para hacer la prueba de operatividad de la estación.
«Hay que estudiar esos cinco euros a ver sobre qué lo presupuestan porque hay que estudiar esa bajada en base a qué se ha hecho y sobre qué concepto se ha aplicado», señaló Serra sobre las reducción de tarifas de 50 a diez euros, y por último a cinco euros, que hizo la concesionaria.
Mientras tanto, explicó Serra, el Consell «seguirá trabajando con la redacción de un protocolo de operatividad, de manera que podamos llegar a un consenso con Cetis y las empresas para poder hacer una prueba», agregó.
Asimismo, Serra negó estar bloqueando la estación. «Lo que estamos haciendo es intentar que la repercusión del coste de esa estación sea lo mínimo para el usuario. Y como estamos dentro de los márgenes legales, nadie puede acusar al Consell de bloquear la estación», dijo.
En cuanto a la advertencia de los transportistas, el presidente del Consell aseguró que tanto la concesionaria del Cetis como Ibizabús «están haciendo lo imposible por hacer prevalecer sus derechos». «Pero desde el Ayuntamiento y el Consell estamos trabajando para llegar a una solución buena para el usuario». Sobre una posible negativa de los transportistas, Serra señaló que «ya entraríamos en un tema judicial».
Jáuregui: «Por primera vez he visto una actitud de hacer las cosas bien»
La alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui aseguró ayer que salió de la reunión «contenta porque por primera vez desde que hemos empezado las reuniones he visto una actitud de hacer las cosas bien hechas y pensando en el interés de los ciudadanos». Jáuregui explicó que la interventora municipal «hará el estudio de tarifas y de repercusión al usuario» y que, aunque aprobará las tarifas por pleno, las someterá al acuerdo con el Consell. Asimismo, advirtió que una vez los precios estén justificados mediante el informe, Vila deberá firmar con la sociedad gestora del Cetis un convenio para establecer el tiempo que perdurarán estas tarifas. «Tampoco podemos permitir que ahora sean una buenas tarifas y que nos digan que las suben dentro de medio año», explicó Jáuregui, que espera tener el estudio económico «cuanto antes» y confía en que se pueda llevar a cabo la prueba de operatividad del Consell en julio.
En cuanto a las manifestaciones del gerente de HF Vilás, Francisco Vilás, Jáuregui insistió en que no hablará «en hipótesis, sobre todo ahora que Consell y Ayuntamiento estamos trabajando en la misma dirección». «Ellos son concesionarios del Consell y lo que es evidente es que si tenemos una estación que cumple, evidentemente, los autobuses tienen que estar allí», insistió Jáuregui, que aseguró desconocer «qué base legal» tienen los transportistas para no utilizar ni la parada ni la estación. «Si se produce la situación, ya veremos», agregó. En cuanto al resto de acusaciones, sobre despotismo y arbitrariedad, la alcaldesa negó haber amenazado a los transportistas a pesar de que algún medio de comunicación así lo recogió. De todas formas, dijo que las cosas «se harán legalmente y pensando en el interés de los ciudadanos y no en el interés particular de uno o dos concesionarios», concluyó.