La rentabilidad de la denominada «cuenta de los juzgados» que tiene abierta Banesto en todo el Estado está asegurada con las millonarias aportaciones que hace Balears.
El saldo medio de las consignaciones judiciales asciende en todo el Estado a 3.000 millones de euros, y gran parte de ese dinero proviene de las fianzas penales y civiles impuestas por los jueces a imputados de las Islas tras las peticiones realizadas por la Fiscalía de Balears.
En los casos ‘Palma Arena', ‘Can Domenge', ‘Voltor', ‘Son Oms', ‘Scala', ‘Maquillaje', ‘Funeraria', ‘Bitel', entre otros, las cauciones exigidas a los inculpados continúa vigente.
Una de las mayores fianzas penales impuestas en Balears a un político –tres millones de euros– la tuvo que constituir el expresidente del Govern Jaume Matas con sus propiedades, entre ellas, el ‘palacete' de la calle Sant Feliu.
Patrimonio
Aunque la Audiencia de Palma rebajó a 2,5 millones la caución, Matas ha tenido que negociar con el Banco de Valencia para salvar parte de su patrimonio.
Asimismo, los jueces han fijado fianzas muy elevadas, en este caso, civiles, en los casos ‘Can Domenge' y ‘Scala'. En la compraventa del solar palmesano, la magistrada impuso una fianza solidaria a los principales inculpados por un importe de 37,1 millones de euros. Ninguno de ellos reunió el dinero o propiedades suficientes para hacer frente a esa cantidad, por lo que fue decretado el embargo de todos sus bienes.
En la supuesta trama orquestada en torno al CDEIB, las cauciones exigidas también fueron muy elevadas, 7,3 millones, cifra impuesta por la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín. La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de acusación 5,5 millones.
Dinero y propiedades son depositados en una cuenta de Banesto, entidad que tiene el monopolio de las consignaciones judiciales hasta diciembre de 2013. Por ese millonario saldo medio de 3.000 millones de euros, Banesto abona al Ministerio de Justicia una remuneración del Euríbor más 1,80 puntos. A cambio de ellos, la entidad bancaria dispone de ese dinero en concepto de liquidez para financiar su negocio.
Con las medidas cautelares de índole económico, la Justicia pretende asegurar los efectos económicos del proceso penal o civil. Se persigue con ello que las responsabilidades pecuniarias que el delito puede haber ocasionado queden aseguradas durante la tramitación de la causa.
La mayoría de imputados ofrece constituir una hipoteca sobre sus inmuebles en garantía de las responsabilidades fijadas en los procedimientos penales o civiles.