El grupo municipal de PSOE-Pacte de Sant Antoni denunció ayer la concesión «irregular» de una licencia de obras al concejal de Deportes, Vicente Cabezas Roca, en lo que consideran «un presunto trato de favor absolutamente inaceptable». Según destacó el portavoz Josep Marí Marge, el propio secretario de la institución pidió «la anulación de la licencia» el pasado mes de julio porque «es contraria al ordenamiento jurídico». «Pero han pasado dos plenos ordinarios y la alcaldesa [Pepita Gutiérrez] no ha hecho nada», criticó Marge.
Según PSOE-Pacte, «los hechos se remontan a 2005, cuando Vicente Cabezas, que todavía no era concejal, inició unas obras de construcción en un edificio comercial situado a la carretera de Eivissa en Sant Antoni, el Bar se Puig, a pesar de no disponer de la licencia». «En 2007 los servicios técnicos del Ayuntamiento abrieron un expediente de disciplina urbanística por realizar estas obras ilegales, un expediente que por cierto nunca se ha llegado a concluir», destacó el grupo municipal. En 2009, Cabezas solicitó licencia para intentar legalizar estas obras, «y se le deniega en todos los términos por el secretario que había en ese momento, el señor Navarro, y por el abogado contratado para Urbanismo en aquel momento». «El motivo de la denegación era claro: no había proyecto de urbanización de la unidad de actuación donde se encuentra situado este establecimiento, hecho que imposibilitaba totalmente las obras. Una situación urbanística que continúa exactamente igual hoy en día», agregó PSOE-Pacte.
El informe técnico
Según destacó Marge, en 2011 Vicente Cabezas, «resulta electo y empieza a mover otra vez los papeles». «En abril del 2012, el ya regidor vuelve a iniciar el proceso para pedir licencia para las mismas obras anteriormente denegadas. El día 29 de junio del 2012, la Junta de Gobierno municipal concede la licencia de obras y el día 26 de julio de 2012, el secretario municipal emite el informe de no conformidad con la licencia y pide que el pleno la revoque», relató PSOE-Pacte.
El grupo municipal considera curioso que el informe técnico que avala la licencia no lo firmara el arquitecto municipal, «que justamente estaba de vacaciones», sino otro técnico, «un aparejador que es el mismo que firmó la autorización de la licencia del caso Cretu y al que le dan igual 900 metros que 3.600», agregó.
«El secretario [que es nuevo] firmó en Junta de Gobierno en base al informe técnico, pero seguramente no estaba informado de que se estaba intentando legalizar lo ilegalizable. Pero cuando le llega más información hace un informe que es contundente y dice que tiene que anular este permiso urbanístico», señaló el portavoz.
En su escrito, el secretario remarca que esta licencia de obras no se puede conceder en terrenos que estén pendientes de urbanización, como es el caso. «En el expediente objeto de este informe hemos visto que a fecha de hoy el proyecto de urbanización todavía no ha sido aprobado, por lo que no resulta ajustado a derecho conceder en este caso la licencia de obras», determina.
Al respecto, el concejal de Urbanismo, José Torres, defendió que la licencia está otorgada en base a la nueva ley balear 7/2012 para la ordenación urbanística sostenible. «Y con la nueva ley en mano, el técnico municipal hizo un informe favorable», destacó.
Según señaló, el secretario «firmó» el acuerdo de la Junta de Gobierno donde se concedió la licencia. «Si él no estaba de acuerdo lo podría haber dicho en esta fecha, no con un informe posterior», agregó Torres, que explicó que no se anulará la licencia hasta que «se hagan las consultas correspondientes para ver si tiene razón el secretario o el técnico». «Vamos a pedir informes jurídicos porque el secretario hizo un informe un mes después de conceder la licencia, y queremos ver por qué no lo hizo en su día», concluyó.
quien este libre de pecado que arroge la primer piedra,los politicos del pesoe tienen todos sus bienes en reglas?