Un informe firmado por la gerente del Consorcio Sociosanitario, Maite Planells, desvela que esta entidad dependiente del Consell d'Eivissa solo tiene dinero para pagar las nóminas de los trabajadores de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Asimismo, asegura que reciben diariamente «constantes amenazas de corte de suministro» por parte de diversas empresas a las que no se les pueden pagar las facturas y a las que «no se podrá abonar cantidad alguna hasta la finalización del ejercicio».
Estos y otros muchos motivos conforman el informe en el que se apoya el Consell para demostrar la «imposibilidad material del consorcio» para continuar adelante, por lo que el lunes aprobarán su disolución. La institución ibicenca quiere que sea el Govern el que asuma el coste de 6,1 millones anuales de las residencias ya que es el que tiene la competencia de dependencia, además de que la nueva ley de estabilidad presupuestaria impide al Consell pagar servicios que no le corresponden.
Sin compromiso del Govern
En el informe también se menciona que el consorcio pidió una aportación urgente al Consell de 1,7 millones en julio para pagar al personal y el funcionamiento de las residencias y que el Govern se comprometiera a aportar 1,5 millones extra para el consorcio.
Sin embargo, la gerente advierte de que el Ejecutivo balear «no ha hecho efectiva hasta ahora la aportación económica solicitada de 1,5 millones» y tampoco se ha «comprometido firmemente a ello». Desvela además que la deuda que arrastra el consorcio desde 2008 es de dos millones.
Solo en personal el consorcio (que además de las residencias de Can Blai y Can Raspalls también gestiona los pisos tutelados y el Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas-Cepca), gasta anualmente 4,7 millones de euros, a los que hay que sumar 1,4 millones de bienes, servicios y suministros.
La residencia de Can Blai cuesta 3,7 millones; Can Raspalls 1,2; el centro de salud mental 237.887 euros; los pisos tutelados 212.064; el Cepca 213.114; el centro de discapacitados 124.884 y el centro Reina Sofía 240.960. Según relata el informe, el consorcio ha ingresado este año 3,8 millones (754.000 euros por recaudación de tasas de Can Blai y Can Raspalls, 787.950 euros del Consell y 2,8 millones del Govern).
Se prevé una inestabilidad presupuestaria por importe de 2,2 millones, una situación que el Consell califica de «insostenible».