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Las discotecas analizan jurídicamente las respuestas recibidas de los ayuntamientos

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La Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Discotecas y Similares de Balears anunció ayer que ya han recibido las tres respuestas a los requerimientos notariales que presentaron en agosto a los ayuntamientos de Santa Eulària, Sant Josep y Sant Antoni para conocer en qué estado se encuentran las denuncias que ha interpuesto la asociación contra locales de ocio que creen que no cumplen la ley.

«Los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni nos han contestado con bastante información y Sant Josep lo ha hecho de una manera que están analizando los abogados», explicó Jesús Sánchez, presidente de esta asociación profesional, quien puntualizó que los servicios jurídicos analizan las contestaciones para estudiar cuál es el siguiente paso a dar. «Aquí existe sólo una cuestión, que es la voluntad política para normalizar la oferta de Eivissa. Si existe un ayuntamiento que no actúa cuando decimos que un local tiene licencia para ser restaurante para 80 personas y hace de discoteca para 4.000 personas, constatan que esto es así, tienen actas de la policía y no hacen nada, entonces tendrá que ser un juez quien obligue al ayuntamiento a actuar», precisó Sánchez.

Nueva asociación

Sobre la creación de la Asociación Empresarial de Restauración y Hostelería Moderna, integrada por una veintena de locales, Sánchez explicó que le parece «perfecto» que estos locales se hayan unido, pero reclama que «cumplan las leyes». «A nosotros la competencia no nos ha asustado nunca sino todo lo contrario porque creo que es buena para todos, pero siempre que todos cumplamos las mismas normas del juego», explicó. En este sentido precisó que las normas para «hacer de discoteca y de dj's están muy claras» y aclaró que la música en directo «está reservada para un tipo de actividad que se rige por una licencia en concreto».

El presidente de la asociación de discotecas quiso recalcar que las denuncias que interponen contra determinados locales de ocio se centran en exigir «igualdad de condiciones». «Reclamamos a la administración que, ante la sospecha de que hay establecimientos que no cumplen la normativa, verifiquen que está todo en regla», concluyó Sánchez.

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