El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la reforma de la Ley de Costas, que ahora empezará su trámite parlamentario y que introduce importantes novedades respecto al texto anterior, de 1988. Una de las más importantes es que las viviendas y chiringuitos en dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más. Para las Pitiüses la mayor novedad radica en que por fin Formentera verá cumplida una reivindicación histórica, y es tener un deslinde especial que respete las propiedades. En el caso de Eivissa, el Consell considera que no tienen motivo de queja y que no presentarán alegaciones, ya que aunque ses Salines se conviertan en privadas, el espacio quedará protegido porque es un parque natural.
Ses Salines, privadas. En el artículo primero de la ley se establece que no formarán parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente. Esto supone, a efectos prácticos, que el espacio que ocupan ses Salines pasará a ser privado. Sin embargo, el conseller de Territori del Consell d'Eivissa, Mariano Juan (PP), apunta que esto es «interpretable». Dice que primero habrá que hacer el deslinde y luego ya se verá si acaban siendo públicas o privadas. «En realidad allí no cambia nada, porque es un parque natural y no se puede hacer nada», dijo Juan, que indicó que esto no beneficia a los propietarios porque ahora mismo la concesión también se puede vender. Una visión radicalmente distinta es la que tiene la dirigente del grupo ecologista GEN Neus Prats, quien asegura que lo que dice la ley no es interpretable, porque los mismos propietarios han aplaudido la medida. Asegura que esto tiene además otro efecto y es que se elimina la franja de protección de 100 metros de los límites de ses Salines, donde hasta ahora no se podía hacer nada. «Esto es un ejemplo más de como se regala el territorio a los amiguitos, es impresentable que el conseller no sepa que ses Salines se convierten en privadas», dice Prats, que denunció que esto beneficia a la familia del expresidente del Govern Gabriel Cañellas, con participación en Salinera Española e Ibifor y al exministro Abel Matutes, que tiene propiedades en las salinas de Cádiz. «Si el propio Matutes reconoció que había trabajado mucho en esta ley», añade la dirigente ecologista, que asegura que esta modificación de la Ley de Costas tiene «nombres y apellidos» y el caso de Eivissa, que califica como «nido de nepotismo», «no es ninguna excepción». De esta forma, además, el Estado dejaría de ingresar el dinero por la concesión, mientras a los ciudadanos «nos clavan a impuestos». También el conseller de Urbanismo de Formentera, Bartomeu Escandell (GxF), muestra su preocupación por este asunto porque quieren que ses Salines sigan siendo públicas. «Ya veremos al final cómo queda, pero creemos que, además de parque natural, tiene que ser un espacio público», explica.
La polémica de las dunas. Con la Ley de Costas de 1988 quedaban protegidas todas las dunas, algo que modifica esta normativa. Ahora las que preserven la playa seguirán siendo de dominio público, pero no así las dunas muertas y las artificiales que ya no formen parte de esa protección. Este artículo es muy interpretable, porque habrá que ver realmente cuáles son las que actúen para dar estabilidad a la playa en defensa de la costa. Esto ha sido muy criticado por los ecologistas del GEN y de Amics de la Terra. Estos últimos han advertido de que en Eivissa existen sistemas dunares situados a más de 100 metros de la costa y que no están en primera línea del mar, por lo que ya no juegan un papel en la estabilidad de la playa. Esto se da, aseguran, en playas como las de Comte, ses Salines o es Codolar. El conseller Mariano Juan reconoce que es interpretable, pero que en Eivissa no afecta. «Todo es subjetivo, dependerá del deslinde», dice Juan. El conseller de Formentera indica que esto sí que repercute de forma importante en Formentera, algo que les preocupa, ya que hay «un sistema dunar muy importante que proteger».