El conseller de Presidència i Urbanisme del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, junto con la consellera de Educació, Cultura i Patrimoni, Sònia Cardona, han anunciado el inminente inicio de la demolición del conjunto construido sobre Cases Castellones, en el carrer Major de Sant Ferran.
"Dando ccumplimiento a la sentencia judicial de 4 de febrero de 2009, que obliga a la reposición de las cosas a la realidad anterior a la ejecución de las obras al amparo de la licencia de construcción anulada, se procederá a las doce del mediodía al acta de replanteo de las obras de demolición de los tres edificios promovidos por Plaça de Sant Ferran SL, paso previo para la realización de la demolición de los tres edificios", anunciaron este martes.
El caso se remonta a 2005, cuando la Junta de Gobierno del tripartito PP-GUIF-PREF, inmediatamente antes de que se produjera una moción de censura contra el alcalde del PP Juanma Costa, otorgaba licencia urbanística a la promotora para la realización de obras consistentes en demolición de casa payesa conocida como Cases Castellones y se levantara un grupo de locales comerciales en tres módulos.
El equipo de gobierno recordó que para que esta licencia pudiera prosperar hizo falta que, por parte del PP-GUIF-PREF se desistiera expresamente el PEP (Plan Especial de Protección) de Sant Ferran, plan especial que había sido aprobado inicialmente a la legislatura 1999-2003 por el equipo de gobierno de la COP, y que era el instrumento urbanístico preceptivo para poder autorizar nuevas edificaciones dentro de los conjuntos históricos, según la ley de patrimonio del año 1998.
Desde entonces, los distintos equipos de gobierno han llevado a cabo "todas las acciones legales a su alcance con la única intención de evitar los daños patrimoniales que se pueden derivar de la anulación de la licencia urbanística, que recaerían sobre el pueblo de Formentera".
Las obras de demolición se ejecutarán por la empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berry S.L. por un importe de 83.038,77 euros.
La empresa se ha comprometido a ejecutar el contrato en un plazo de dos meses a contar desde el inicio de las obras de demolición.