Ambas instituciones insisten en que están buscando la fórmula para que el coste de explotación de la estación de autobuses del Cetis repercuta lo menos posible en el usuario, pero la última opción que se está negociando y que supone que el Ayuntamiento de Eivissa y el Consell asuman la gestión pagando un arrendamiento de medio millón de euros, no deja muy claro en qué beneficiará a los ciudadanos de la Isla.
Por un lado, la alcaldesa de Vila Marienna Sánchez-Jáuregui intentó explicarlo ayer al ser preguntada por este periódico. Según detalló, Consell y Ayuntamiento tienen que «llegar a una solución» hablando con los concesionarios: los empresarios de autobuses, en el caso del Consell, y la sociedad gestora del Cetis, en el caso de Vila. «Las dos instituciones tenemos claro que lo que quieren los ciudadanos y ciudadanas de Eivissa y, al final todos los usuarios, es que la estación se abra y se utilice», destacó Jáuregui.
En este sentido, la alcaldesa indicó que aunque la concesionaria tiene los derechos de explotación y gestión por 40 años, la situación actual les ha llevado a pensar que «es mejor elegir otra opción» como el alquiler de la instalación. Es una opción que «es legal y todas las partes que intervienen están de acuerdo en que se puede hacer», según destacó Jáuregui, que confirmó que esta especie de alquiler podría costar 500.000 euros a las arcas públicas de Vila y Consell para pagar «un arrendamiento de 250.000 euros» y la misma cantidad para «la gestión de la estación». Preguntada por qué la gestión no puede seguir en manos de la sociedad del Cetis, tal y como marca la concesión, explicó que el Consell «está haciendo el trabajo que tiene que hacer con sus concesionarios para que los autobuses vayan allí sin crear problemas entre las instituciones»: «Al revés, solucionando problemas», afirmó.
Menos claro todavía fue el propio presidente del Consell, Vicent Serra. «Estamos en un proceso en el que estamos intentando repercutir lo mínimo al ciudadano de Eivissa, no hay ningún acuerdo cerrado», indicó, e insistió en que «todo está pendiente de negociaciones» por lo que prefiere no pronunciarse «hasta que esté todo más adelantado». «Realmente lo que estamos haciendo es intentar que el coste de la estación sea el mínimo posible», insistió el presidente del Consell.
Serra no quiso hablar de cifras y aseguró que el plan original de «bajar las tarifas y hacer la prueba de operatividad» se mantiene y que en caso de que haya algún cambio se anunciará.
El presidente del Consell tampoco quiso aclarar si esta posibilidad de asumir la gestión solo obedece a una cuestión económica o si tiene que ver con la negativa de los empresarios de los autobuses a utilizar la estación. «Estamos hablando, para encontrar una solución al problema hay que mantener un diálogo y en ese diálogo se plantean muchas cosas. Estamos hablando y no sé cómo puede salir, lo que sí es cierto es que no podemos abandonar el planteamiento de no repercutir el importe económico de su coste en los ciudadanos o en las instituciones, o en los dos», concluyó Serra.