Mario Pascual Vives, el abogado de Iñaki Urdangarin, ha acudido hoy a los juzgados de Palma a revisar documentación sobre el caso Nóos, en el que está imputado el duque de Palma, y ha afirmado a los periodistas que un pacto con la Fiscalía «ni ha estado ni está» sobre la mesa.
Pascual Vives ha estado unas dos horas en el juzgado de instrucción 3 de Palma fotocopiando y revisando documentación de esta causa de supuesta corrupción, en la que se investigan desvíos de fondos públicos de Baleares y Valencia al Instituto Nóos, que estuvo presidido por Urdangarin.
Ha puntualizado que no ha podido hablar con el juez instructor, José Castro, porque no ha acudido hoy a su despacho y ha indicado que ha revisado documentación y mirado algún dato que le faltaba en la causa, motivo por el que se ha trasladado de Barcelona a Palma.
«Lo hago yo todo personalmente», ha respondido a los informadores en los pasillos de los juzgados sobre el motivo de su viaje.
Respecto a Urdangarin, ha asegurado que se encuentra «como siempre» y que está bien en su nueva residencia en Barcelona, adonde se trasladó a vivir desde Washington hace unos meses junto con su mujer, la infanta Cristina, y sus hijos.
«Antes estaba más lejos, ahora lo tengo más cerca», ha resumido el letrado, quien ha dicho que ahora puede reunirse con más asiduidad con él, aunque ha remarcado a los periodistas que «tiene su propia vida».
En cuanto a si se ha planteado que su cliente declare voluntariamente ante el juez Castro, ha afirmado: «Mis estrategias de futuro no se divulgan».
Respecto a la petición por parte del fiscal de una fianza civil contra Urdangarin, ha afirmado que no sabe nada y que desde febrero todo han sido «cábalas, cifras y datos» al respecto.
Urdangarin está imputado en el caso Nóos por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación.
Según la Fiscalía Anticorrupción, él y su socio Diego Torres recibieron a través de Nóos casi seis millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) entre 2004 y 2007 gracias a contratos con varias administraciones públicas, sobre todo los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia.