Formentera aprobó ayer por unanimidad instar al Govern balear a que rectifique y retire la tasa que prevé aplicar a los vehículos de alquiler. Además, la máxima institución de la pitiusa menor reclama al ejecutivo autonómico que busque nuevas vías de financiación de la administración y de sostenibilidad medioambiental, «que en ningún caso perjudiquen únicamente a un sector concreto del tejido económico».
En este sentido, el equipo de gobierno apuntó en la moción de urgencia presentada en sesión plenaria que reconocen la necesidad de buscar «nuevas figuras impositivas justas y que signifiquen una penalización homogénea de la pisada ecológica, en consonancia con las políticas europeas de ‘quien contamina paga', con medidas que signifiquen un incremento de recaudación sin perjuicio de un sector económico concreto». Reconocen que el sector de las empresas de rent a car «es muy importante tanto a nivel económico como turístico y laboral» y resaltan el hecho de que en Formentera la mayoría son pequeñas y medianas empresas familiares «que se verían seriamente perjudicadas [con la aplicación de este nuevo impueso] y, en algunos casos, poniendo en peligro su viabilidad».
Mantener IB3
En la sesión plenaria también se aprobó por unanimidad instar al Govern balear a realizar «las gestiones necesarias para atender las desconexiones informativas de IB3 que garantizan el acceso a la información de proximidad a los ciudadanos de Formentera». Por eso, y ante la amenaza de la desaparición de la delegación con motivo de la aplicación de un ERE, todos los partidos políticos pidieron que se mantenga una representación de personal técnico y redactores en Formentera «que garantice una adecuada cobertura durante todo el año con el fin de que la realidad de la sociedad formenterera tenga un reflejo real a través del medio público».
La máxima institución insular dio ayer también el visto bueno, con la abstención del PP y del GUIF, a la propuesta de modificación del plan rector de usos y gestión del Parque Natural de ses Salines. Esta modificación es «necesaria» para llevar adelante el proyecto público de regulación de los fondeos de embarcaciones en su ámbito. Asimismo, desde el Consell acordaron reclamar al Govern que acuerde un nuevo convenio «o que incremente las transferencias en materia de transporte público de viajeros por un montante de 70.000 euros» para el mantenimiento del servicio a la demanda y del actual servicio regular.
El pleno del Consell finalizó con la comparecencia del presidente, Jaume Ferrer, quien destacó la situación económica «delicada» del Consorci Formentera Desenvolupament debido a «los repetidos impagos de las obligaciones que tienen asumidas tanto el Consell d'Eivissa como el Govern balear». Asimismo, Ferrer anunció que está a la espera de mantener una reunión con la Conselleria balear d'Hisenda «para aclarar el tema económico y posteriormente poder convocar la junta rectora e ir definiendo los proyectos de futuro que se llevarán a cabo, siempre que el Govern solucione la deuda pendiente».
En relación al trabajo realizado a través de la presencia de la pitiusa menor en el Consell d'Administració de Autoritat Portuària, Ferrer destacó que pronto se iniciará la construcción del edificio de aparcamientos del puerto destinado a los vehículos de alquiler y «permitir la liberalización de buena parte de la explanada del puerto para los vehículos particulares».