La alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, advirtió que si el último informe elaborado sobre la estación de autobuses del Cetis tiene razón y la concesión es nula de pleno derecho «las consecuencias económicas podrían ser tremendas para el Ayuntamiento». «No sé el alcance, pero puedo saber las consecuencias porque soy jurista y sé lo que es una nulidad», afirmó Jáuregui.
La alcaldesa hace referencia al penúltimo informe encargado para analizar las tarifas del Cetis, que, en vez de hablar de precios, «dice que la concesión en sí misma es nula de pleno derecho» tras analizar «la parte económica del contrato» entre Vila y la empresa adjudicataria, Sagalés. «Según lo que decía ese informe la concesión no era legal, es decir, no tenía efecto, y todo lo que se hubiera hecho como consecuencia de esa concesión teníamos que volverlo para atrás (...) Si a mí un jurista me dice que el Cetis es ilegal yo no voy a mover un dedo, porque si hago un movimiento también podría ser ilegal y estaría incurriendo en una responsabilidad penal», añadió.
Según explicó, el «extenso» informe asegura que la nulidad procede de acuerdos que se adoptaron «mal» en la anterior legislatura, tanto en el Ayuntamiento como en la empresa municipal Imvisa, encargada de dar la concesión.
La alcaldesa no detalló de qué acuerdos se trata pero aseguró que, según el informe, el problema no es de los concesionarios sino del Ayuntamiento.
Asimismo, señaló que decidió encargar un nuevo estudio, esta vez a un despacho especializado en concesiones, para que analice este informe y las consecuencias de una posible nulidad de la concesión.
Según explicó, aunque el secretario municipal ya hizo un estudio al respecto se optó porque «un gabinete especializado mirase la situación y las consecuencias si realmente hay esa nulidad», agregó la alcaldesa.
Al ser preguntada por si las decisiones que ahora se ponen en cuestión no tuvieron entonces el respaldo jurídico del Ayuntamiento, Jáuregui aseguró que «parece ser que todas las decisiones no estaban avaladas por el secretario». «Parece ser que el secretario entró después de algunas actuaciones», añadió la alcaldesa, que opinó que aún así habría otros juristas en el momento de adoptar los acuerdos que ahora se ponen en duda.
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