La organización ecologista Greenpeace ha denunciado hoy un posible conflicto de intereses por parte del PP en la reforma de la Ley de Costas que está pendiente de aprobación en el Congreso, por la proximidad al partido de varios empresarios que se verían beneficiados por ella, como es el caso de Abel Matutes.
Greenpeace ha señalado en un comunicado que el que fuera ministro de Exteriores del PP y actual vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE podría verse beneficiado por esta reforma, del mismo modo que el también exministro de Hacienda Juan Miguel Villar Mir o el empresario Bautista Soler, vinculado al actual ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
La entidad considera que el proyecto de reforma de Ley de Costas es arbitrario y no favorece a todos por igual, desprotege ecosistemas, prolonga la ocupación privada 75 años más y no tiene en cuenta el peligro y costes del cambio climático.
Greenpeace denuncia estas cuestiones en el informe «Amnistía a la destrucción» que ha publicado hoy, en el que señala a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la nueva normativa.
La entidad ha señalado que la reforma de la Ley de Costas excluye del dominio público marítimo terrestre las salinas y zonas inundadas destinadas a cultivos marinos, algo que beneficiaría al exministro de Exteriores, Abel Matutes, que «tiene importantes intereses empresariales en estos tramos de costa como 25 salinas en la Bahía de Cádiz o la empresa Aquacria de Arousa».
Según Greenpeace, también el expresidente del Govern balear, Gabriel Canellas, es propietario de muchas propiedades en Formentera, indultada de la aplicación de la Ley como las Salinas de Eivissa y San Pedro del Pinatar (Murcia).
La entidad afirma que otro empresario relacionado con el PP es el ex ministro Villar Mir, que posee a través del Grupo Villar Mir empresas asentadas sobre márgenes de diferentes rías, entre otras empresas Fertiberia en Huelva o Ferroatlántica en la ría de Boo (Cantabria).
Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones de actividad, en el caso de Ferroatlántica, que caducarían con la vigente Ley de Costas en 2018, se ven beneficiadas de los recortes de la nueva Ley, tanto por la reducción de la protección de las rías de 100 a 20 metros como por la extensión de las concesiones durante 75 años más.
Greenpeace relaciona también la reforma que «posibles intereses de constructores muy ligados con el PP» como Bautista Soler, el promotor de 10 edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia) que podrían verse beneficiados de la disposición adicional tercera, en virtud de la cual los terrenos situados detrás de un paseo marítimo podrán ser privados.
La entidad ha denunciado no haber tenido acceso al anteproyecto de la reforma y que ésta se haya acometido en apenas seis meses cuando «no estaba ni siquiera contemplada en el programa electoral del PP en las elecciones generales».
Greenpeace ha pedido al Gobierno que no continúe con la reforma de la Ley de Costas y ha señalado que cualquier modificación de la misma debe cumplir escrupulosamente los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los deslindes ejecutados y tener en cuenta el cambio climático, la erosión marina y la protección de los ecosistemas.