El presidente del Partido Popular, Vicent Serra, descartó ayer tomar ningún tipo de medida después de saberse que el Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa ha imputado a la alcaldesa de Sant Josep, Neus Marí, Berris, por un supuesto caso de prevaricación administrativa. El auto, que también imputa al excalcalde Josep Marí Ribas, Agustinet, admite a trámite una querella contra los dos gobernantes y contra el Ayuntamiento de Sant Josep, en su condición de responsable civil subsidiario, en la que se les acusa de «desoír absolutamente, haciendo caso omiso, el mandato contenido en la resolución del Departamento de Industria balear que obligaba la cierre de la explotación (la cantera de Can Orvai) desde mediados del año 2009», señala la querella.
Para Serra, «con una imputación no se debe tomar ningún tipo de medida y estoy convencido de que todo se arreglará». Ante la pregunta de si esto no contradice el código ético del Partido Popular, Serra indicó: «Esto fue antes de hacer las listas pero ahora en el momento en el que la legislatura está avanzada y todos los equipos de gestión en marcha lo que dice el código ético es que los imputados ponen el cargo a disposición del partido y es el partido quien decide. En este caso no se tiene que tomar ninguna decisión».
La alcaldesa deberá responder ante el juzgado el próximo 25 de enero mientras que Agustinet deberá hacerlo el 24 del mismo mes. Ambos han sido denunciados por un vecino de la cantera de Can Orvai, quien apunta una «clara y manifiesta invasión de los terrenos» de su propiedad. De hecho, según la querella presentada y tras un informe pericial, la superficie afectada es de 21.958 metros cuadrados. Según el denunciante, el Ayuntamiento de Sant Josep «era perfectamente conocedor de que la actividad se estaba desarrollando sin licencia de actividad alguna». Además, prosigue el escrito, una resolución de 2009 del Govern balear ordenaba la paralización del aprovechamiento por invasión de la finca del denunciante y «el patente aquietamiento del Consistorio ante aquella orden».
«A fecha de la interposición de la presente querella, el Consistorio y la autoridad del mismo han dado la callada por respuesta, no quedando otro remedio que acudir al auxilio jursidiccional», señala el escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 4 de Eivissa.
Por otro lado, apuntan que el mismo Ayuntamiento «lejos de tomar las decisiones oportunas tendentes a aquel fin [paralizar la actividad de la cantera] al parecer ha retomado un expediente de solicitud de licencia municipal de actividades de febrero de 2006, en suspenso desde agosto de 2008 al deberse tramitar un dictamen de impacto ambiental de la actividad, o ha iniciado los trámites tras una nueva solicitud y ello con la clara finalidad de conceder precisamente la licencia de actividad que hasta la fecha no ha tenido la mercantil Áridos y Prefabircados S.L. consiguiéndose con ello dotar de legalidad a una situación que hasta el momento ha sido no solo ilegal sino invasiva de las propiedades colindantes».