El abogado de Diego Torres asegura que quien siempre «disponía, decidía y ordenaba» en el Instituto Nóos era Iñaki Urdangarin y no su defendido, por lo que rechaza la fianza de responsabilidad civil de casi 8,2 millones impuesta de forma solidaria a ambos en el llamado caso Nóos.
En el recurso de reforma contra la fianza impuesta por el juez José Castro, el abogado de Torres asegura que el duque de Palma introducía a amigos suyos en los negocios de Nóos y cita como ejemplo al empresario Joaquín Boixareu, imputado en esta causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos de las administraciones balear y valenciana al Instituto Nóos.
El abogado, Manuel González Peeters, considera que el auto en el que impone la fianza el juez parte de premisas erróneas y llega a conclusiones equivocadas al «seguir a pies juntillas lo propuesto por el Ministerio Fiscal». También rechaza la «calificación jurídica» que hace el juez de los hechos que se investigan.
Como ya hizo en un escrito que presentó ante el juez para apelar contra la petición de fianza de la Fiscalía, el defensor de Torres subraya que la mayoría de directivos que conformaban la cúpula de Nóos eran personas del entorno de Iñaki Urdangarin.
González Peeters detalla que cuando se constituyó la entidad el duque de Palma ocupó la presidencia, Torres era vicepresidente, Miguel Tejeiro secretario general, Carlos García Revenga tesorero y la infanta Cristina vocal, por lo que Torres no tenía «ningún poder de decisión» al estar «en franca minoría».
El abogado asegura que Torres «no ataca a nadie» ni tiene esa intención, sino que defiende «la verdad».
Añade que su defendido nunca pudo pensar que el Instituto Nóos pudiera estar haciendo nada irregular cuando contaba «con tan altos, dignos y bien formados partícipes» y con un «ejército de asesores de todo tipo», y subraya que «el proyecto era de Iñaki Urdangarin».
El abogado se refiere a un artículo periodístico que le acusa de atacar a la Casa del Rey y niega, «ni por asomo», tener la «pretendida táctica» de vincular a la Corona con las actividades profesionales del duque de Palma. Insiste en que su intención es «defender la verdad».
Entre las discrepancias con el juez, el letrado niega que se actuara en contra de la legalidad vigente o que se cruzaran facturas entre empresas del entramado de Nóos, y señala que el Instituto Nóos sí que era un ente sin ánimo de lucro.
Además, González Peeters califica de «desmemoriados» o víctimas de amnesia a varios testigos que negaron ante el juez tener relación con eventos organizados por Nóos como los congresos turísticos Illes Balears Fórum y presenta varias fotografías en los que aparecen en una celebración que tuvo lugar durante uno de esos encuentros.
El abogado critica que el juez incluya como parte de la fianza reclamada todo lo cobrado por el Instituto Nóos, incluidos los gastos que realizó y se le han reconocido, así como el IVA consignado en los contratos y los salarios percibidos por los trabajadores con lo abonado en Seguridad Social e IRPF.
Niega que el Instituto Nóos cometiera algún delito y asegura que en todo caso Diego Torres no sería autor de los hechos que se investigan sino «todo lo más partícipe».