Hasta en cuatro ocasiones se le preguntó ayer a la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui sobre los «servicios prestados» por el grupo Prensa Pitiusa para justificar los 25.568 euros que cobró del Ayuntamiento de Eivissa pero no lo supo explicar. Jáuregui compareció por primera vez desde que el Partido Renovador de Eivissa y Formentera (PREF) anunció el pasado lunes la ruptura de su acuerdo de gobierno con el Partido Popular de Vila por la falta de «transparencia» en este caso, aunque no quiso valorar su nuevo escenario de un mandato en minoría. Según afirmó, «todavía, a fecha de hoy» los concejales Miryam Valladolid e Ignacio Rodrigo no han presentado su escrito oficial de renuncia y la única comunicación de ruptura que tiene le ha llegado por mensajería instantánea. «Pero un WhatsApp no es un documento oficial», añadió.
La alcaldesa ofreció una rueda de prensa con motivo de la constitución de la comisión informativa que debe investigar las facturas irregulares (ver página 4) y para comunicar que ha remitido toda la documentación del caso a la Fiscalía. Jáuregui remarcó e incluso repitió varias veces que tanto los pagos realizados como las facturas reclamadas se hicieron «por servicios prestados» y que así se le comunicó al Ministerio Público. «Quiero incidir en el tema de que la Fiscalía tiene todas las facturas, las pagadas y las no pagadas, y todas están acompañadas con el servicio prestado, la contraprestación. Quiero incidir mucho en esto porque podemos hablar de cosas mal o bien hechas pero nunca podemos hablar de una financiación irregular», afirmó Jáuregui.