Estructuras de edificios inacabadas, grúas suspendidas en el aire que nunca más volvieron a funcionar y cemento comido por la maleza. Es la estampa que ha dejado la crisis del ladrillo en muchas zonas de Eivissa y que probablemente no cambie hasta dentro de muchos años debido a que son edificios que se iniciaron con licencia y no se pueden derribar. Siniestros esqueletos de hormigón que afean el paisaje y que se unen a otro tipo de construcciones que, por uno u otro motivo, llevan años abandonadas por ser ilegales y cuyo derribo nunca se ha llegado a concretar.
No es una problemática fácil de afrontar. Por un lado están todos los edificios que se han quedado a medio hacer porque la empresa ha quebrado. Cala de Bou es una de las zonas donde más proliferan este tipo de construcciones, pero también las hay en Sant Antoni o en Santa Eulària.
Según explican desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, es «muy complejo» actuar contra un propietario que ha iniciado una obra y no la ha finalizado puesto que si ha pasado el tiempo suficiente (entre 24 y 54 meses, según los casos) se puede decretar la caducidad de la licencia, pero eso no implica que se pueda tirar ni mucho menos, ya que lo construido tiene permiso y no se puede demoler. Solo en caso de que confluyeran otras circunstancias muy específicas, como por ejemplo un cambio de clasificación del suelo irreversible, se podría ordenar el derribo.
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