La Dirección General de Salud Pública y Consumo del Govern pondrá a disposición de los ciudadanos de las islas afectados por las participaciones preferentes o subordinadas emitidas por Bankia un servicio de información, que entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes.
Así se lo ha trasladado el director general de Salud Pública y Consumo, Rafael Santiso, a la delegada en Baleares de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC), Isabel Martorell, en una reunión.
En este encuentro, Santiso ha manifestado la voluntad de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de hacer todo lo posible para evitar a los afectados los desplazamientos a la Junta Arbitral de Consumo en Madrid.
El servicio de información que atenderá a los ciudadanos afectados por las participaciones preferentes o subordinadas emitidas por Bankia detallará a las personas interesadas el procedimiento para someterse a la Junta Arbitral Nacional, que es el órgano competente designado por Bankia para emitir un laudo.
Asimismo, también les informará sobre los criterios de admisión establecidos por la Comisión de Seguimiento de Preferentes creada por el Real Decreto Ley 6/2013, de 22 de marzo.
Según el procedimiento que ha establecido el Instituto Nacional de Consumo -del que depende la Junta Arbitral Nacional-, los afectados deben ir a su oficina de Bankia para rellenar la solicitud de admisión de un arbitraje.
En el caso concreto de Menorca, la Dirección General de Salud Pública y Consumo solicitará a Bankia que los afectados puedan enviar la solicitud mediante correo ordinario y fije la oficina de destino.
En el caso de las solicitudes de admisión a arbitraje aceptadas por Bankia, la entidad bancaria ofrecerá al cliente la posibilidad de suscribir un convenio arbitral para someter el litigio a la decisión de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, la cual finalmente emitirá, mediante un laudo, el dictamen correspondiente a cada una de las solicitudes presentadas.
En cuanto a las solicitudes que no se acepten, los usuarios podrán reclamar por la vía judicial ordinaria.
Durante la tramitación del expediente en la Junta Arbitral, en el caso de que se solicite una audiencia oral, la Dirección General de Salud Pública y Consumo pondrá a disposición de los afectados un servicio de videoconferencia para evitar el desplazamiento a Madrid, y además organizará charlas informativas.
Rafael Santiso ha expuesto que este procedimiento permitirá a los afectados una tramitación gratuita y más rápida que mediante el procedimiento jurídico.
La aceptación sin embargo de este procedimiento implica que los afectados deberán admitir el laudo de la Junta, sin la posibilidad de acudir después a los tribunales.
No es mala idea, juntar demandantes, perder el pleito y por arte de magia como que han firmado acatar el laudo, borrados del mapa frente a los tribunales , es que esto es un continuo escandalo, vaya telaraña hay tejida con esta falsa democracia, ver para creer