800 euros por cada una de las dos noches que estuvo ingresada, 51 por un electrocardiograma, 60 por una gasometria y 84 euros por un coprocultivo; total, 1.805 euros es la factura que emitió el hospital Can Misses a una mujer brasileña enferma que acudió el pasado 17 de febrero al servicio de Urgencias y quedó ingresada durante dos días en el hospital. Esta mujer posee el permiso de residencia pero no tiene tarjeta sanitaria.
El caso de esta persona es uno de los más de veinte que ha tratado el Grupo de Acompañamiento Sanitario de Eivissa y Formentera (GASEF) desde que se puso en marcha el pasado mes de febrero a raíz de la aplicación del decreto que deja sin asistencia sanitaria pública a aquellas personas en situación irregular en nuestro país. Las consecuencias de este decreto se han puesto de manifiesto estos días de la manera más trágica, a raíz de la muerte por tuberculosis del paciente de origen senegalés, Alpha Pam, el pasado 21 de abril en Mallorca.
Tras este hecho, el conseller de Salut, Martí Sansaloni, ha ordenado «la retirada de todas las facturas que se hayan podido emitir y la devolución de oficio de aquellas que se hayan cobrado indebidamente» a los inmigrantes sin papeles que hayan sido atendidos de urgencia por la sanidad pública balear.
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