El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha solicitado este jueves al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que oficie a la Agencia Tributaria (AEAT) a efectos de que determine mediante un nuevo informe si la Infanta Cristina incurrió o no en un presunto fraude fiscal, tal y como expone en el escrito que ha presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press.
El representante del Ministerio Público pide, para dar «estricto cumplimiento» a lo dispuesto por la Audiencia Provincial de Baleares en el auto por el que dejó las puertas abiertas al posible encausamiento de la Infanta por delitos fiscales y de blanqueo de capitales, que una vez emitido el informe pericial de Hacienda se le dé traslado del mismo para valorar las consecuencias penales que pudieran derivarse de su contenido.
Horrach ha hecho entrega de su escrito después de que el juez instase a las acusaciones personadas en la causa a que, en un plazo de cinco días, hagan las alegaciones que estimen oportunas sobre las líneas de investigación «insinuadas» por la Audiencia en relación al presunto fraude fiscal en que habría incurrido la hija del Rey Don Juan Carlos.
Más en concreto, dio traslado de ello a la Fiscalía, las Abogacías de la Comunidad Autónoma y del Estado, los concejales del PSOE de Valencia, el PP balear y el sindicato Manos Limpias, a fin de que se pronuncien sobre las pesquisas a seguir y, una vez lo hagan, procederá a resolver al respecto.
Y es que el tribunal de la Sección Segunda apuntaba a que tanto Iñaki Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.
De este modo, la Sala dejaba en suspenso la imputación de la hija del Rey Don Juan Carlos en relación al supuesto fraude fiscal, por cuanto, según recalcaba, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible «conocimiento del origen ilícito y delictivo» de estos fondos.
La Sala incidía asimismo en que, si bien la Infanta podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que «provenía de un delito de malversación o de fraude», lo que resulta «más dudoso» para los magistrados de la Sección Segunda es que «desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública» puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.
El tribunal, que basaba sus argumentaciones en un informe aportado al caso por la Agencia Tributaria (AEAT), aseveraba que éste suscita «zonas oscuras» que en estos momentos hacen «inviable emitir una opinión fundada sobre si la Infanta ha podido cometer o no un delito contra la Hacienda Pública», de modo que insta al juez Castro a decidir de nuevo sobre la imputación de la Duquesa de Palma respecto a un posible fraude fiscal, no sin antes solicitar a Hacienda a que complemente su informe.