El Partido Popular compareció ayer de urgencia para mostrar su «profunda satisfacción» por la imputación de la exalcaldesa Lurdes Costa y de toda su junta de Gobierno que ha ordenado la Audiencia Provincial por aprobar la condonación de 412.000 euros a la exconcesionaria de la zona azul, Park Control, en concepto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Los populares se personaron como acusación particular tras la denuncia que interpuso el empresario Josep Maria Molins y que inició la causa judicial, aunque «destaparon» el caso desde la oposición municipal en la anterior legislatura. La diputada Virtudes Marí, que llevó personalmente este tema como portavoz del PP de Vila, explicó ayer que la resolución de la Audiencia «es muy importante porque hace dos afirmaciones definitivas»: «En primer lugar considera que no se justificó por parte del Juzgado de Eivissa el hecho de no llamar a declarar como imputados a la junta de Gobierno y segundo entra en el fondo del asunto y dice que ve indicios claros de criminalidad de dos delitos: malversación y prevaricación», destacó. «Nos satisface profundamente que eso que dijimos de forma reiterada, hoy el juzgado nos diga que por lo menos se debe investigar, porque estamos hablando de 400.000 euros que tendrían que estar en el Ayuntamiento y no en el bolsillo de una empresa», manifestó Marí, que matizó que si bien no le agrada que «se impute a nadie», destacó que «si hay dinero que es público tiene que seguir siendo público».
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