El Ib-Salut decidió el pasado mes de marzo prorrogar hasta 2015 (concluía este año) el contrato con la concesionaria que se encarga del transporte sanitario urgente en las Pitiüses, Servicios Sociosanitarios Generales S.L (SGG). En esta prórroga se incluía a partir de abril la modificación impuesta por el Govern de «ajustar las horas de prestación de conductores y ambulancias incluidas en el contrato original, hasta reducir su importe mensual en 153.132 euros» del total que le viene pagando desde 2009 por hacerse cargo del servicio.
Con esta novedad, el Govern se ha ahorrado hasta junio (o, en otras palabras, la empresa ha dejado de ingresar) un total de 459.396 euros, lo que supone un recorte del 11,48% en la cantidad destinada a la concesionaria y esto la ha llevado a vivir una situación «ruinosa», según ha podido saber este periódico. Estos datos son algunos de los que presentó la empresa a los trabajadores en una auditoría para informarles de que quieren cambiar sus condiciones laborales debido a que la «crisis empresarial» les obliga de manera «imprescindible» a una reducción lineal del 6% en todos los conceptos salariales, la congelación de la antigüedad, la renuncia a la subida del IPC desde 2012, no pagar los atrasos generados por no actualizar las tablas salariales y retirada de días de asuntos propios, entre otras propuestas.
La empresa asegura en el documento que presentó a los empleados que la modificación «sustancial» de las condiciones laborales es «imprescindible» para garantizar la «viabilidad» de la empresa y del servicio público sanitario que presta a cambio de 13.634.000 euros al año.