Hacer su propia investigación sobre la contratación de publicidad institucional realizada por los anteriores gobiernos progresistas entre 2000 y 2011 para «esclarecer los hechos y transmitirlos a los ciudadanos» fue el motivo por el que Marienna Sánchez-Jáuregui desconvocó el pleno de ayer en el que debía confirmar su dimisión y lo aplazó al lunes, cuando vence el plazo legal de diez días que tiene para ratificar su renuncia ante la Corporación municipal.
Además de confirmar que se quedará con el acta de regidora [ver apunte], la todavía alcaldesa de Vila aseguró que está en su derecho de dejar «unos puntos aclarados» antes de abandonar su cargo y que por eso ha iniciado una investigación paralela a la que está llevando a cabo la comisión del caso Prensa Pitiusa sobre este mismo asunto. Sin embargo, negó estar realizando sus propias pesquisas porque desconfíe de la comisión [que le ha pedido su dimisión] y de los concejales que la integran, pero insistió en que antes de dejar la Alcaldía quiere «contar la verdad de lo sucedido a los ciudadanos».
Para ello, Jáuregui pretende analizar nada menos que once años de facturas de publicidad institucional, una documentación que había solicitado al departamento de Intervención y que esperaba tener ayer, antes de la hora del pleno, que estaba convocado para las doce. «Los servicios de intervención me han dicho que es mucha documentación y que necesitaban como mínimo dos días para que no quedaran colapsados los servicios. Y esta es la razón por la que he aplazado el pleno», detalló Jáuregui, que reconoció que aunque hubiera tenido las facturas tampoco le hubiera dado «tiempo a mirarlo» pero insistió en que hasta el lunes está dentro del «plazo legal» para confirmar su renuncia.