La Plataforma por la Convivencia denunció ayer el mal funcionamiento de la Oficina de Información, Asesoramiento y Orientación de la población Inmigrante (Ofim) que gestiona desde enero el Govern y que ahora atiende un funcionario, que se desplaza desde Palma de lunes a viernes, y que, según el colectivo, «hace lo que puede». «Hay casos que no puede tratar porque no tiene mucha experiencia en extranjería», dijo Alda Yurramendi, portavoz de la Plataforma y representante del colectivo uruguayo. «Estamos indignados. Hay muchos expedientes abiertos que no se han cerrado, mucha gente con problemas y muchas expulsiones», denuncio Karima Chergui, de la Asociación de Mujeres Marroquíes, Asalam.
Yurramendi afirmó que «en Eivissa no hay Ofim, no como funcionaba desde 2008 a 2012, cuando se despidió al personal y decidieron hacer un concurso público para privatizarla, pero estamos en el julio y no hay nada resuelto». Desde principios de año hasta ahora, dos abogados contratados atendieron a los inmigrantes, uno de ellos Cándido Valladolid con el que estaban satisfechos de su trabajo y al que despidieron después de poco cuatro meses de trabajo, y ahora hay un funcionario desplazado de Palma, «que hay cosas que no acepta y no puede atender determinados casos; para nosotros no funciona». Yurramendi explicó que «al abogado le despidieron porque se les acabó el dinero para su contratación y mandan a un funcionario, que vive en un hotel de lunes a viernes y se va a Palma los fines de semana; dice que estará aquí hasta que haya una nueva Ofim, pero no sabemos qué se va a hacer».
La Plataforma no entiende «porqué eliminan algo que funciona bien, que va en perjuicio de los inmigrantes», apuntó Yurramendi. En opinión de Víctor Heyn, del colectivo paraguayo, «la Ofim es la columna vertebral de la atención a la inmigración, hay asesoramiento jurídico e incluso laboral», advirtiendo que dejar al inmigrante sin atención jurídica «es dejar sin escolarizar a los niños, sin salud e inclusive dejar a un colectivo como el nuestro en manos de gente sin escrúpulos».
Heyn aseguró que al Govern no le interesa la Ofim. «Hay una falta de voluntad política por solucionar este problema y que no nos digan que no hay presupuesto porque han puesto 93.000 euros y pueden contratar con ese dinero a un abogado». Los 93.000 euros es el importe del concurso de gestión que ha quedado desierto.
La Plataforma ha pedido una reunión con el presidente del Consell, Vicent Serra, a quién recriminó «no querer gestionar la Ofim y entregársela al Govern»; y al conseller de Presidència, Antonio Gómez, de la que depende la Ofim.