«La ciudad no es para mí», decía Paco Martínez Soria en su película de 1966. La frase la repiten ahora, en 2013, muchos jubilados con pensiones bajas y personas que sobreviven con menguados ingresos de prestaciones sociales que no alcanzan para pagar una vivienda en Barcelona.
Joan Piris, un exempleado de banca al que prejubilaron a los 60 años con una pensión de 630 euros mensuales, tras una operación en una pierna que le dejó un 38 % de discapacidad, es uno de los jubilados que emigrará de Barcelona porque ya no alcanza para pagar el alquiler de su piso en el barrio de Gracia, en el que vive desde hace 20 años.
Este jubilado ha acumulado 6.000 euros de deuda con su casero y los servicios sociales le deniegan ayudas porque ya cobra su exigua pensión, esa que no le ha dado para comprarse ropa nueva en años.
Piris, que hace malabarismos para sobrevivir con los 630 euros, ha acudido a la Cruz Roja para que le ayuden a buscar un piso más barato, un piso de alquiler social, y dentro de pocas semanas se mudará con su pareja a una nueva vivienda, 200 euros más barata cada mes, pero en Torelló, una localidad a 80 kilómetros al norte de Barcelona.
Tendrá que abandonar su piso del barrio de Gracia, pero afortunadamente su casero le ha condonado los 6.000 euros.
«El cambio de casa representa para mí un golpe muy fuerte porque llevaba viviendo aquí media vida», dice, aunque se consuela porque piensa que podrá vivir más dignamente.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha explicado a Efe que «desde la burbuja inmobiliaria, Barcelona se volvió cara y no han bajado tanto los precios como en otras ciudades, puede que por la presión turística e inmobiliaria tan severa».
«Barcelona fue una de las primeras ciudades en luchar contra el 'mobbing' inmobiliario, pero continua siendo una de las ciudades donde hay más ejecuciones y desahucios de España», denuncia Colau, que pide que se regulen los precios de la vivienda, «porque actualmente es una ley de la selva».
La activista de la PAH confirma que «mucha gente se tiene que marchar de la ciudad e ir a vivir incluso más allá de la área metropolitana».
Según datos del portal Easypiso.com, en los últimos 3 meses ha aumentado un 10 % la gente que busca piso para compartir en Barcelona, donde son mayoría las personas que buscan vivienda de alquiler y no de compra.
Y es que desde el inicio de la crisis ha renacido el fenómeno del realquiler de habitaciones que era el pan de cada día en Barcelona y Madrid de la década de los 60, cuando los trabajadores andaluces, extremeños, gallegos o murcianos llegaban en busca de un futuro mejor.
«La diferencia es que entonces sabían que prosperarían y a corto plazo podrían dejar la habitación realquilada y acceder a una vivienda, pero ahora no tienen esa perspectiva», ha explicado a Efe una voluntaria de una organización social.
Según la web inmobiliaria, el precio medio actual por una habitación en un piso compartido en España se sitúa en los 275 euros mensuales, siendo Eivissa (400 euros/mes), Madrid (350 euros/mes), San Sebastián (350 euros/mes) y Barcelona (325 euros/mes), las ciudades que encabezan la lista de alquileres más altos del país.
Por el contrario Sevilla, Cádiz y Gijón (con 250 euros/mes) y Zaragoza con (238 euros/mes) son las ciudades que ofrecen un alquiler compartido más bajo.
En España, las cuatro principales ciudades con más habitantes (Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla) son los lugares donde existe una mayor cantidad de gente que ofrece habitación para compartir, y también donde se halla una mayor demanda de personas que buscan alquilar piso.
Pero no sólo la vivienda está más cara en la ciudad, también el agua, la basura, las tasas o los impuestos son más caros que en los pueblos. Y eso que la calidad del aire que se respira es peor.