La denuncia de un particular el pasado mes de febrero ante la Fiscalía de Eivissa al considerar ilegal que una valla y cámaras de seguridad impidieran el acceso a la urbanización de Roca Llisa, y con ello a Cala Olivera, ha terminado con la retirada de la barrera y de las cámaras.
La Fiscalía de Eivissa abrió en su día una investigación que le llevó a denunciar ante los Juzgados este hecho «por si en la instalación o mantenimiento de la barrera y la colocación de cámaras se hubiera cometido delito de prevaricación o cohecho». La denuncia estaba dirigida a la urbanización de Roca Llisa pero se podía ampliar al Ayuntamiento de Santa Eulària en el caso que se demostrara que hubiera actuado en connivencia con la urbanización.