La portavoz del Ejecutivo y consellera d'Administracions Públiques, Núria Riera, aseguró ayer que las voces críticas con el anteproyecto de ley del abordo de Gallardón que se han suscitado en el PP y en el propio Ejecutivo son «opiniones personales».
Tanto el conseller Martí Sansaloni, como la consellera Sandra Fernández y la directora del Institut Balear de la Dona (IBD), Isabel Llinás, se mostraron en desacuerdo con algunos aspectos del texto. Desde el Instituto de Política Familiar y de la organización Derecho a Vivir se reclamó al president balear que desautorizara esas voces y tomara medidas, entre ellas la destitución de Llinás. Riera afirmó que esa posibilidad no se había planteado y que «las opiniones no son un motivo de destitución».
En cualquier caso, precisó, las valoraciones «personales» no son la posición oficial del Govern, «que no es discrepante» con el anteproyecto.
Núria Riera abogó por consensuar el texto y destacó que esta reforma es un «compromiso electoral» del PP, un partido que -añadió- está «a favor de la protección de la vida».
Preguntada por su opinión personal, aseguró que defendía tanto el derecho de las mujeres como el derecho a la vida del no nacido. Afirmó que la opinión oficial del Govern es la del president Bauzá.