El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha solicitado hoy al juez José Castro que tome declaración a los peritos de la Agencia Tributaria que han investigado a la infanta Cristina antes de que ella declare como imputada. Además, Horrach afirma que el juez instructor del caso Nóos ha llevado a cabo una «teoría conspiratoria» en la que se apoya para «justificar la existencia de indicios delictivos» que avalan la imputación de la Infanta.
En un escrito presentado esta mañana por el propio Horrach ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, que instruye la causa, el fiscal pide que los inspectores de Hacienda que han analizado la actividad económica de la infanta a través de la empresa Aizóon, de la que es copropietaria junto con su esposo, Iñaki Urdangarin, ratifiquen sus investigaciones.
El acusador público considera necesario que se aclaren las dudas sembradas por Castro en su auto de imputación sobre la veracidad de estas investigaciones de la Agencia Tributaria, que concluyó que doña Cristina no ha cometido delitos fiscales.
Horrach asimismo solicita la comparecencia de directivos de empresas colaboradoras con el Instituto Nóos, como Mixta África, Legardere, Aceros Bergara, Altadis, Javas Sport, Pernot Ricard y Seeliger y Conde. También pide que declare la jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, ya que «ha sido la profesional que ha liderado la investigación policial del denominado 'caso Noos', y la que ha realizado el análisis, recopilación de datos y toma de declaraciones en relación con los gastos de Aizoon».
Horrach indica en su texto que si el propio juez instructor ha puesto de manifiesto dudas a cerca de la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a la hija del Rey, a lo largo del que considera como «largo y extenso auto», será conveniente despejar estas dudas.
Así, ha considerado imperativo citar a quienes puedan despejarlas, y ha recordado que «las dudas no sirven como base de una imputación, porque la duda en un procedimiento equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación».
De otro modo, según destaca el fiscal, «se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos».
Según defiende Horrach, «nadie discute el hecho de que Doña Cristina realizase con cargo a la sociedad gastos estrictamente personales», pero considera que no tiene sentido, a efectos de la comisión de un supuesto delito fiscal, teorizar sobre gastos personales cargados a la Sociedad, ya que es nula su relevancia penal.
Por ello, destaca que la afirmación de Castro, en la que considera como «escasamente probable» que la cuota defraudada supere los 120.000 euros es «de todo punto errónea», ya que no solamente es escasamente probable, sino materialmente imposible, afirma Horrach.
«Es imposible, dada la cuantía de los gastos personales --de la infanta--, que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros», destaca el fiscal en su texto en el que además afirma que, no solamente es posible determinar las cuotas que la infanta podría haber supuestamente defraudado a la Hacienda Pública en sus declaraciones del IRPF, sino que hacerlo resulta sumamente sencillo.
Y por ello se pregunta el motivo por el cual el juez no lo ha hecho, al tiempo que le señala que siendo encomiable su labor, opina que ésta era «innecesaria e induce a confusión», ya que todos los gastos reflejados en las facturas analizadas por el Magistrado ya habían sido objeto de estudio con anterioridad por la Agencia Tributaria en funciones de auxilio judicial, quien las había calificado de gastos personales ajenos a la actividad mercantil, y por tanto, gastos no deducibles de la Sociedad Aizoon.
En consecuencia, según ha afirmado «no había nada que discutir al ser más riguroso el informe de la Agencia Tributaria que el análisis del magistrado».
Finalmente, el fiscal afirma que, por todo lo detallado en los doce folios de su escrito, se hace «necesaria e imprescindible la práctica de las diligencias de prueba citadas».
Según fuentes judiciales, el juez Castro estudiará este mismo miércoles el texto del fiscal y decidirá este jueves sobre él.