El perito propuesto por Manos Limpias, que ejerce la acusación popular y que fue citado por el juez José Castro, se retractó ayer sobre el supuesto delito fiscal en el que habría incurrido la infanta Cristina en la sociedad Aizoon y solo mantuvo que pudo ser cooperadora necesaria en los indicios de fraude que apuntan a la fiscalidad de su marido, Iñaki Urdangarin.
El experto, citado por el magistrado para apoyar su escrito de imputación a la hija del Rey, se alineó, de forma sorprendente, con las tesis del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, la Abogacía del Estado y los peritos de la Agencia Tributaria. Es decir, ya ni siquiera la acusación popular sostiene que la Infanta es culpable de defraudar a Hacienda, según el resumen de su declaración realizada por personas que estuvieron presentes en su declaración.
Perplejidad
El perito dejó perplejos a las partes al definirse como «un mercenario jurídico-tributario», y también, cuando calificó de «notas» los apuntes que estaba haciendo públicos en su testifical.
Según el resto de acusaciones, es probable que el juez Castro varíe su posición en torno a los indicios contra la Infanta tras la débil exposición de éste, pero el instructor lo negó de manera rotunda anoche: «En principio no habrá cambios a la imputación de la Infanta», subrayó.
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma mantiene su posición sobre la infanta Cristina después de escuchar durante horas los argumentos de la Agencia Tributaria que exculpan de un delito fiscal a la infanta Cristina.
Los dos peritos y la testigo que declararon ayer fueron vehementes en la defensa de su trabajo y aseguraron que no han recibido ninguna presión externa. La primera en declarar fue la autora de los primeros informes que apuntaban a delitos fiscales en la trama Nóos antes incluso de que se abriera la investigación judicial. La inspectora insistió en que se comprobaron los datos de la Infanta y que se descartó su participación, pero sí se apreció delito en Diego Torres, Urdangarin y la mujer del primero por unos ingresos que hizo ella misma con billetes de 500 euros. La tesis fundamental que manejan los inspectores es que todos los ingresos de Aizoon provenían en exclusiva de Urdangarin. Según manifestaron, «está prohibido por ley» computar ingresos de una sociedad a todos los socios por igual, lo que excluye a la Infanta ya que no era ni la administradora de Aizoon ni la persona que había generado ese dinero.
Diez horas de declaraciones solo para constatar las profundas divergencias que separan al juez Castro y al fiscal Horrach sobre la Infanta, cada uno en los suyo, sin ceder un ápice, parecen excesivas. Cuestiones procesales al margen, los doctos análisis de los peritos solo habrán servido para enredar aun más la madeja de un caso ya de por sí complejo y enrevesado. El experto de Manos Limpias es capítulo aparte.
Parece que alguien ha hablado con estos peritos antes de testificar. Todo lo que hay detrás de este turbio caso de corrupción real, se sabrá algún día por mucho que lo quieran cerrar en falso