El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha admitido la personación en el marco del caso Nóos de la asociación Frente Cívico 'Somos Mayoría', promovida en 2012 por el exdirigente del PCE y de IU Julio Anguita, que se suma así a las también acusaciones populares ejercidas por el sindicato Manos Limpias y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia.
Así lo ha acordado el juez mediante una providencia, después de que el pasado martes solicitase a la entidad su escritura fundacional y sus estatutos, y que acreditase asimismo hallarse inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. En base a todos estos datos, el magistrado ha aceptado finalmente que la asociación sea parte de este procedimiento judicial.
'Somos Mayoría' presentó la semana pasada un escrito en el que pedía personarse en defensa de los intereses de la ciudadanía, al recriminar cómo ésta «ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos».
En su escrito, el colectivo civil afirma querer ejercer la acción popular «contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas» en la causa a raíz de unos hechos que constituyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En este mismo sentido, considera «muy necesario reforzar la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego». De hecho, la entidad apunta a «la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana» motivada por «la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa y que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público». «Algo que se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera a citar a la Infanta Cristina».
La letrada de Manos Limpias, sin embargo, acusó al Frente Cívico de querer personarse como acusación popular «para sacar un rendimiento mediático ajeno al procedimiento jurídico, dada la trascendencia del caso», y recriminaba que , «aunque en principio pudiera ser legítima y procedente», ésta «queda desvirtuada» al haber transcurrido más de tres años sin que la entidad se haya personado, «desconociendo todo el sumario y estando la instrucción en su fase final».