El grupo ecologista GEN explicó ayer que la exposición pública del proyecto de sondeos petrolíferos de Cairn Energy «incumple de forma flagrante las directivas europeas y leyes estatales de evaluación ambiental y participación pública». «La tramitación de este expediente, al igual que las declaraciones del ministro Soria, evidencia un absoluto menosprecio hacia la legalidad y los principios más básicos del Estado de Derecho», denuncian los ecologistas.
En concreto, aseguran que en este caso «se deja al margen a una amplia población afectada», cuando en algunos convenios internacionales se destaca la importancia que tiene en los estados democráticos la participación pública en asuntos relacionados con la calidad del medio ambiente.
Según el GEN, en el proceso se está incumpliendo la directiva europea de evaluaciones de impacto ambiental, ya que la Unión Europea firmó en 1998 el Convenio de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, el Convenio de Aarhus. Dicho acuerdo se ratificó en 2005 y su objetivo es «garantizar los derechos de la participación del público en la toma de decisiones en asuntos medioambientales».
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