El Ayuntamiento de Sant Antoni ha iniciado la revisión de oficio de las licencias que en 2011 concedió a Lidl Supermercados para que pudiera instalar cinco locales de menos de 400 metros cuadrados, que es el límite para convertirse en una gran superficie, y poder abrir así el complejo comercial de casi 2.000 metros cuadrados, que funciona desde 2012 en la entrada del núcleo urbano.
Ahora, el Consistorio deberá analizar si en las licencias otorgadas hay «causas de nulidad de pleno derecho», una decisión que adoptó el pasado mes de septiembre en junta de gobierno, y con la que ha logrado suspender el procedimiento judicial que se sigue contra estos permisos en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma.
El juez admitió a trámite el recurso que en 2012 interpuso un empresario del sector de la alimentación del municipio contra los permisos por carecer de licencia autonómica de gran establecimiento comercial, una autorización que Vicepresidencia Económica y de Promoción Empresarial del Govern balear también considera necesaria, según un informe que envió ese mismo año al Consistorio. Según el Govern, la licencia de gran establecimiento comercial debía haberse solicitado antes de otorgar los permisos municipales que permitieron la instalación del Lidl, a pesar de que los técnicos concedieron licencias para un establecimiento de carácter colectivo y no para una gran superficie, una posibilidad que también contempla la Ley de ordenación comercial de les Illes Balears.