El hecho de dejar claro quien es o ha sido el culpable de autorizar la búsqueda de hidrocarburos en el Mediterráneo se ha convertido en la lucha incesante de los principales partidos políticos. Se trata de la batalla del ‘tú más' y la realidad es que todos ‘colaboraron' en el tema.
Lo cierto es que el Gobierno de José María Aznar, en el año 2002 autorizó la búsqueda de petróleo en el litoral de Castellón, próximo a las islas Columbretes. A través de un Real Decreto del 15 de febrero, firmado por el Rey de España, Juan Carlos, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, se autorizó la concesión a la compañía BG Internacional Limited de los permisos de investigación de siete zonas denominadas ‘Águila', ‘Ibis', ‘Cormorán', ‘Halcón' y ‘Garceta'. Entre las siete sumaban 647.685 hectáreas. Según consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales a través de una proposición no de ley presentada por José Luis Centella Gómez, portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA, la empresa realizó las campañas sísmicas que ahora solicita Cairn Energy e incluso llegó a perforar un pozo petrolífero al norte de las Islas Columbretes antes de perder interés y abandonar los trabajos en 2006.
En 2006, la empresa Medoli PLC presentó la solicitud para la adjudicación de los permisos en tres cuadrículas que suman 283.140 hectáreas, situadas en el Golfo de Valencia. Dos años después, el 20 de septiembre de 2008, Capricorn Spain solicitó dos nuevos permisos más nombrados Altamar 1 y 2 y que sumaban 158.760 hectáreas y que se sitúan al norte de las anteriores.