El número de manifestaciones celebradas en Balears en 2013 fue de 1.817, lo que supone una disminución del 50,67 % respecto al año anterior, que alcanzaron las 3.683, según ha informado hoy la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares en un comunicado.
De las 1.817 manifestaciones del año pasado, 1.654 fueron comunicadas conforme a lo establecido en la ley estatal que regula el derecho de manifestación o reunión, mientras que 163 no fueron comunicadas, es decir, incumplieron la ley.
Por islas, Mallorca registró 1.293 manifestaciones comunicadas conforme a la legislación actual y 61 no fueron comunicadas; en Menorca hubo 224 comunicadas y 59 no comunicadas; y en Ibiza, 137 manifestaciones comunicadas y 43 no comunicadas.
Sanciones
Cuando las manifestaciones no son comunicadas, la ley establece que los asistentes se exponen a las sanciones correspondientes en caso de ser identificados.
Las sanciones varían dependiendo de si la infracción es leve -una multa de hasta 300 euros- o grave -de 300 a 6.010 euros-.
En 2013 solo se impuso en Baleares una sanción de 300 euros por una manifestación ilegal, en concreto a una trabajadora de IB3.
La Delegación del Gobierno reseña que desde el año 2012 se han producido un incremento «muy importante» de las manifestaciones en las calles de Baleares, si bien durante el año pasado se redujeron a la mitad.
Muchas de estas protestas están relacionadas con la actual situación de crisis económica, asegura la Delegación del Gobierno, que recuerda que el derecho de manifestación o reunión está regulado en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio.
La misma establece que si se producen reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, deben ser comunicadas previamente a la autoridad, que «sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, siguiendo de esta forma las normas recogidas en el artículo 21 de la Constitución Española».
La Delegación del Gobierno en Baleares subraya que desde que Teresa Palmer ejerce su cargo no se ha prohibido ninguna manifestación comunicada según establece la ley.
La actual legislación concreta que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deben ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores, con una antelación de diez días naturales como mínimo y treinta como máximo.
Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.
La Delegación del Gobierno hace hincapié en que, según el artículo tercero de la referida Ley Orgánica, ninguna reunión está sometida al régimen de previa autorización.
«Por este motivo, desde la Delegación del Gobierno en Baleares no se autorizan las manifestaciones, simplemente se comprueban las peticiones comunicadas: si cumplen con la ley y si no vulneran otros derechos de los ciudadanos», indica la nota.
Para ello, la Delegación del Gobierno se sirve de informes policiales que «también velan» por la seguridad.
Las manifestaciones pueden ser prohibidas, según la ley, cuando se consideran ilícitas conforme a las leyes penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro de personas o bienes, o cuando se hiciese uso de uniformes paramilitares por parte de los asistentes.