Extremadura ha asegurado este miércoles que Balears es la Comunidad Autónoma más beneficiada con el actual sistema de financiación, ya que su peso relativo en el reparto ha avanzado un 26,73 por ciento.
Así lo ha indicado el consejero extremeño de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, quien ha remarcado que Extremadura es la comunidad más perjudicada con el actual modelo porque su peso ha retrocedido un 15,91 por ciento.
Además, ha reclamado que las dos comunidades autónomas de régimen foral formen parte del sistema de financiación aplicable al resto con el fin de corregir los «desequilibrios» existentes en las cuantías que perciben País Vasco y Navarra con respecto al resto.
«La Administración central debe contar con las aportaciones de las comunidades de Régimen Foral que permitan corregir los desequilibrios territoriales y contribuyan a mejorar la equidad del sistema, garantizando la suficiencia en la financiación del conjunto de las competencias autonómicas».
Informe de Hacienda
Así lo ha defendido Fernández en una comparecencia de prensa en la que ha presentado este miércoles en Mérida el informe de Evaluación del actual Modelo de Financiación Autonómica encargado por el Ministerio de Hacienda de cara a la futura negociación del sistema de reparto.
Asimismo, el documento enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por Extremadura, que puede consultarse en la web de la consejería que dirige Antonio Fernández, contempla hasta ocho propuestas que el Gobierno extremeño realiza para la elaboración del nuevo modelo, si bien el consejero ha insistido en que esta negociación no se aborde mientras no mejore la situación económica del país.
Comunidades forales
Entre estas ocho propuestas se encuentra la medida que afecta a las comunidades forales, sobre las que Antonio Fernández ha señalado que «también deben aportar al sistema para que las comunidades de régimen común puedan financiarse adecuadamente». Al respecto ha subrayado que esto no significa que País Vasco y Navarra pierdan derechos reconocidos en la Constitución. «De ninguna de las maneras», ha apostillado Fernández.
«Las comunidades forales deben formar parte del sistema de financiación autonómica que resulte aplicable a las comunidades autónomas de régimen común, participando en la financiación de las transferencias que realice el Estado», ha indicado el consejero extremeño.
Si se tiene en cuenta el indicador de financiación por habitante, País Vasco y Navarra reciben 3.337 y 3.822 euros por habitante, respectivamente, mientras que la media se sitúa en 2.363. Por su parte, Extremadura percibe 2.560 euros por habitante.
Preguntado por la fórmula en la que participarían en el sistema, ha señalado que le corresponde al ministerio estudiar las propuestas y la manera de arbitrarlo. «Lo que no cabe la menor duda es que hay un desequilibrio entre la financiación con la que cuentan las forales de las demás, que debe ser corregido», al tiempo que ha recalcado que «no va en contra del principio constitucional».
Más ponderación de la dispersión
En cuanto al resto de los «desacuerdos» planteados por Extremadura al Ministerio de Hacienda sobre el actual modelo, Fernández se ha referido al «inadecuado» indicador utilizado para cuantificar la financiación, en este caso la población.
Para Extremadura, una comunidad estará «bien o mal tratada por el sistema en la medida en la que los recursos recibidos le permitan o no cubrir el coste de la prestación de sus servicios públicos fundamentales», algo que no refleja el actual indicador. Al respecto, ha señalado que la población no refleja datos como el PIB per capita, la extensión del territorio, la densidad de población o el envejecimiento poblacional.
El informe establece que si se tomara en consideración estas variables, que son los que «verdaderamente influyen en el coste de la prestación de los servicios», los resultados «cambiarían totalmente». De esta forma, si la dispersión y la superficie pasaran de ponderarse de un 3 por ciento a un 17 por ciento, Extremadura «pasaría de ser la más perjudicada a ser la cuarta más beneficiada». «No queremos darle la vuelta» al modelo, ha remarcado el consejero.
El siguiente punto alude a los «desequilibrios» en la financiación de las distintas administraciones. Así, ha señalado que los aumentos de recaudación entre 2010 y 2014 como consecuencia de la subida del IVA y los impuestos especiales no ha tenido ninguna repercusión en las cuentas de las CCAA.
Por otro lado, el modelo de financiación no ha contribuido, como pretendía, a reforzar el estado del bienestar, según ha señalado el consejero extremeño, ya que los recursos adicionales previstos para este fin no se han introducido debido a la crisis económica.
Respecto al Fondo de Garantía, Fernández ha insistido en que la población «no puede servir de base» para evaluar el reparto, ya que el comportamiento de la misma «no es estable», y porque los costes de la prestación de los servicios fundamentales «no tienen que variar, porque el coste de cada servicio seguirá siendo el mismo».
Transparencia, estabilidad y solidaridad
Extremadura aboga asimismo por una mayor transparencia con respecto a los acuerdos bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas al margen del sistema de financiación, y en cuanto al Fondo de Cooperación, reclama un mecanismo que evite la inestabilidad de sus cuantías.
En este sentido, ha señalado que Extremadura ha percibido por este concepto 102 millones en 2009; 164 en 2010; y 75 millones de euros 2011. «¿Creen que así se puede planificar cualquier actuación estratégica?», se ha preguntado el consejero
Por último, con respecto al Fondo de Compensación Interterritorial, ha señalado que Extremadura viene perdiendo ingresos por esta vía, destinada a apoyar el «despegue económico de aquellas comunidades que más lo necesitan».
Por ello, considera que debería «desvincularse» de la inversión del Estado, en beneficio de «magnitudes más representativas de los desequilibrios que pretende paliar».
En este sentido, se ha referido a la propuesta del presidente extremeño, José Antonio Monago, relativa a blindar en un 1 por ciento los Presupuestos Generales del Estado, que «alcanza su total significación en este concepto», al tiempo que ha remarcado que las consideraciones del Ejecutivo regional son fruto de análisis y trabajo «riguroso».
La más perjudicada
Con respecto a la evaluación del actual modelo, que señala que Extremadura ha sido la más perjudicada al perder un 16 por ciento de peso relativo en el reparto, ha criticado que sean las comunidades autónomas que más interés han demostrado en reformar el sistema las que asimismo sean, a tenor de los resultados alcanzados por el informe extremeño, las más beneficiadas.
Este es el caso de Baleares, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, que según Fernández con el nuevo modelo pretenden «dar otro salto cuantitativo y cualitativo más». «No existe otro secreto».
En el lado contrario está Extremadura, que es la más perjudicada, al ver cómo «bajaba su parte de la tarta» en un 16 por ciento, seguida por Andalucía (-11,48%), Castilla y León (-11,48%), Canarias (-10,64%), Galicia (-9,95%), Asturias (-8,61), Castilla-La Mancha (-8,19%), Cantabria (-6,14%), La Rioja (-4,03%), Aragón (-3,89%) y Murcia (-0,31%).
Finalmente, ha criticado al secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, por decir que está «muy contento» con el modelo aprobado en 2009, cuando era presidente de Extremadura, cuando «permitió» que el sistema «primara a las comunidades más ricas frente a las menos desarrolladas».