El juez del caso Nóos, José Castro, ha mantenido este miércoles la imputación del expresidente del Govern balear Jaume Matas (PP) por ocho presuntos delitos: dos de prevaricación administrativa, dos de malversación de caudales públicos, dos de fraude a la administración y dos de tráfico de influencias.
Los delitos derivan de «marginar la normativa sobre contrataciones públicas» en relación al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears -por el que Iñaki Urdangarin supuestamente percibió una comisión como intermediario-, y los convenios para celebrar los Illes Balears Forum de 2005 y 2006.
Según el juez, Iñaki Urdangarin propuso en el verano de 2003 al entonces director general de Deportes y amigo personal José Luis «Pepote» Ballester el patrocinio por parte del Govern de un equipo ciclista y la creación de una oficina de seguimiento de la que se encargaría Nóos Consultoría.
El proyecto de patrocinio se acordó verbalmente en una reunión a la que asistió Matas.
Posteriormente abordaron la contratación de Nóos Consultoría entre Ballester, Urdangarin; el ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía; el ex director de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal, y el exempleado de Nóos Juan Pablo Molinero.
El entonces jefe del departamento jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, elaboró un informe al respecto que se limitó a aplaudir la propuesta.
El auto señala que esta contratación se adoptó al margen de cualquier procedimiento administrativo (sin ningún concurso público ni negociado sin publicidad) y con «un puro ropaje para revestir de legalidad lo que se hizo anticipadamente prescindiendo de ella».
Nóos Consultoría percibió en total 293.660 euros del Govern balear (y otros 200.000 de la empresa que representaba al equipo ciclista), que el juez considera «premio o comisión» porque Urdangarin desplegó su influencia para que el ejecutivo autonómico obtuviera le patrocinio del equipo ciclista.
Sobre los foros internacionales de turismo y deporte Illes Balears Forum, Castro asegura que el primero se presupuestó en 1,2 millones, precio que «ya estaba decidido que se aceptaría sin discusión». Por el segundo se pagaron 1.085.000 euros.
El acuerdo con el Instituto Nóos se llevó a cabo por el cauce procedimental que excluyó la oferta pública y la libre concurrencia, un modelo impuesto por Urdangarin y su exsocio Diego Torres.
El juez recuerda en el auto que Matas confesó en dos programas de televisión que «él tomó la decisión y luego ésta fue objeto de revestimiento a través de un expediente administrativo».
El pago de las facturas que fue presentado el Instituto Nóos se produjo «sin el menor reparo, contra la sola presentación de unas radiográficas facturas carentes del más mínimo desglose o detalle que posibilitara su control».
Además de los pagos directos del Govern, el Instituto Nóos obtuvo ingresos de patrocinadores que deberían haberse descontado del coste del proyecto. El juez se pregunta en el auto «hacia dónde miraban los responsables de la gestión de los fondos públicos para no ver los aparentes signos de los distintos patrocinadores» que contribuyeron al evento.