Urdangarin admite en su recurso ante el juez «irregularidades» en Nóos, pero no delitos

Irregularidades administrativas tributario-fiscales, en todo caso, pero en ningún caso delitos. Iñaki Urdangarin niega todos los indicios delictivos apuntados por el juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, en el recurso de apelación que se hizo público ayer.
El marido de la infanta Cristina sostiene, a través de un escrito firmado por su abogado Mario Pascual Vives, que no ha cometido «delito fiscal alguno», ya que en ningún caso las irregularidades administrativas ya mencionadas superan el umbral de los 120.000 euros, por tributo y año, por lo cual «deben ser resueltos en sede administrativa, nunca penal».
El letrado insiste en que «se han despreciado indicios de notable fuerza exculpatoria» con respecto a su cliente, y rechaza de forma categórica que vendiera «humo» en su trabajo profesional en Nóos.
Deportista olímpico
Recuerda que fue un deportista olímpico, de alto nivel, y que amplió sus estudios en ESADE, y que no necesariamente influyó su condición familiar, «yerno del rey Juan Carlos y ahora cuñado del rey Felipe VI», precisa, para desempeñar su actividad profesional. Tras reiterar la inocencia de su representado, el letrado solicita al juez la desimputación de su cliente por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la Administración, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial, estafa, falsedad en documento mercantil y sendos delitos fiscales.
Tras el cierre de la instrucción acordada en el auto del juez, que Pascual Vives califica de «prematuro», critica en esta línea que en la redacción de los hechos presuntamente delictivos, Castro «si quiera indiciariamente ha incorporado retales de determinados documentos y ha citado parcialmente declaraciones de determinados testigos e imputados» en la causa.
Asimismo, subraya que se ha tratado de una instrucción «prospectiva» y lo que «al principio parecía que se trataba de investigar exclusivamente determinados convenios suscritos en Palma, se fue extendiendo a Valencia, Madrid e incluso Barcelona». «De lo que inicialmente aparentaba como una instrucción encaminada a averiguar la supuesta existencia de delitos contra las administraciones públicas, se fue ampliando con supuestos delitos fiscales, blanqueos, evasión de capitales y ahora, por último, se incluyen estafas y tráfico de influencias», remarca.