Los recortes de personal y las rebajas de sueldo del Govern han dejado en la calle a casi 3.000 empleados públicos y a costa de estos sacrificios el Govern ha podido ahorrar 128 millones de euros en nóminas del personal de la Administración, según el balance realizado por la Conselleria d'Administracions Públiques del Govern.
La consellera, Núria Riera, ha elaborado un informe en el que se detallan las partidas de ahorro y el montante que ha supuesto cada una de ellas y las dos más importantes han sido en sanidad y educación, donde las medidas de ajuste de nóminas y personal han sido de 48 y 42 millones respectivamente. Junto a ellas, la tercera gran partida de ahorro de nóminas ha venido del sector público instrumental, es decir, de las empresas públicas, donde la suma ha sido de 20,9 millones y, los 128 millones de ahorro se completan con los 17,1 de ahorro de servicios generales, es decir, de la Administración general.
Racionalización
En el apartado de racionalización administrativa, la mayor parte del ahorro procede de la decisión de suspender el nombramiento de interinos y de personal laboral. Estas medidas han supuesto un ahorro de 7,2 millones de euros. La suspensión de la prolongación del servicio en activo ha permitido al Govern ahorrar 910.000 euros y la suspensión de los complementos de acción social han supuesto un ahorro de 765.622 euros. A estas partidas le siguen otras como la suspensión de los complementos por incapacidad laboral transitoria, las excedencias voluntarias con reserva de plaza y la suspensión del complemento de productividad y de horas extras.
Una medida que tuvo que tomar el Govern porque así lo decidió el Ministerio de Administraciones Públicas fue la suspensión de la paga extra a los funcionarios. Con este medida, el Ejecutivo de José Ramón Bauzá dejó de pagar 43 millones de euros en nóminas, que es algo más de los 40 millones que se acaban de destinar al pago de las obras del Palacio de Congresos.
Otras medidas de ahorro tomadas por la Administración también han supuesto un ahorro, aunque en su caso es mucho más difícil de calcular. Entre estas medidas se encuentran la congelación de la oferta pública de ocupación, los mecanismos de redistribución del personal entre los distintos departamentos del Govern, la flexibilización del cumplimiento de la jornada laboral de los trabajadores públicos, la reducción de los días de asuntos propios y vacaciones y la armonización de 1.205 puestos de trabajo. Esas medidas no han podido ser cuantificadas, pero el Govern asegura que también han servido para generar ahorro y, sobre todo, para modernizar la Administración y su estructura obsoleta.