Tras su paso como presidenta de la Asociación de Instalaciones Náutico Deportivas de Balears (ANADE), la ibicenca Cristina Marí, directora del puerto deportivo de Marina Botafoch desde hace 23 años, está al frente de la recién creada asociación Puertos Deportivos de Balears Asociados, que aglutina por el momento a cinco instalaciones náutico-deportivas: Marina Cala d'Hort-Puerto Portals, Marina Botafoch, Santa Ponça y Formentera Mar. «Estamos muy ilusionados y pienso que aún queda mucho trabajo por hacer», explicó Marí, quien afirma que con la nueva Ley de Puertos de Balears se consiguen algunas reivindicaciones históricas del sector, como que se agilicen los trámites para la retirada de barcos abandonados en los puertos deportivos.
—¿Cómo afronta esta nueva etapa tras su paso por ANADE?
—Con ilusión y muchas ganas después de unos meses de reflexión. Es mucho trabajo asumir la responsabilidad de la representación de los intereses generales del sector y, por eso, me tomé mi tiempo. Nuestro objetivo es sencillo y claro: trabajar con Ports y la APB y a nivel nacional todo lo que afecte a nuestro sector es de nuestro interés. Lo que más nos animó a fundarla en este momento era la reciente aprobación de la nueva Ley de Puertos de Balears; hicimos nuestras aportaciones de manera conjunta con ANADE y la asociación de clubes náuticos. Se trabajó desde la unidad. Mi presidencia en ANADE fue una etapa satisfactoria con un momento final no tan agradable, pero sí que estoy satisfecha con el trabajo realizado. Estoy contenta de mi paso por allí y, de hecho, lo he pensado varias veces en este tiempo: si volviese a surgir la oportunidad creo que repetiría a pesar de los sinsabores que hubo al final.
—¿Cuál es el principal cambio que introduce la ley autonómica de puertos?
—El más importante es que cada isla tendrá su plan director y, además, establece que cada instalación tendrá planes de usos. Además amplía el plazo de concesiones de 30 a 35 para igualarse a la Ley de Puertos Estatal, pero precisamente el Gobierno recientemente amplió el plazo hasta 50 años, por lo que se abre un trabajo jurídico interesante que veremos cómo se desarrolla. Esperamos que se equipare de nuevo con la ley estatal, es decir, que se amplíen las concesiones hasta los 50 años porque lo que quiere el sector es las mismas reglas del juego para todos. Otra cuestión importante es el tema de los barcos abandonados. Es un problema que siempre ha existido, pero es verdad que la crisis lo ha agravado un poco. La nueva ley autonómica de puertos es un texto claro en este sentido y pienso que habrá más agilidad a la hora de retirarlos.
—El plan director de Eivissa determinará la necesidad de amarres en la isla. ¿Cuántos cree que hacen falta?
—El sector demandaba que hubiera orden. El Govern ha encargado un estudio de mercado sobre las necesidades de amarre de toda la comunidad autónoma y, a partir de ahí, se harán los planes directores de cada isla. A Eivissa dos instalaciones náutico-deportivas le vendrían bien; es cierto que es una isla pequeña y que el crecimiento debe estar limitado y debe ser racional. En esto estamos todos de acuerdo, pero creo que hay que crear este instrumento de planificación [los planes directores]. El puntal de nuestra economía es el turismo y dentro de éste destaca el náutico porque está más que demostrado que tiene potencial de crecimiento y creo que tenemos que apostar por ello. La necesidad de amarres estaría entre los 1.000 y los 1.200 en instalaciones que fuesen de tamaño medio y con esto ya cubriríamos la demanda, aunque no toda la estacional, que tampoco es el objetivo.