El PSIB ha calificado de «despropósito total» el proyecto de ley agraria del Govern porque considera que no ofrece «respuestas reales a las necesidades del campo de Baleares», y ha anunciado la presentación de alegaciones.
Los socialistas consideran que el proyecto de ley es «incongruente» y choca con el concepto de agroturismo, en vigor en la ley general turística, según ha explicado en rueda de prensa el diputado socialista Marc Pons.
Esta ley, ha afirmado Pons, «quita competencias al Consell de Mallorca, valida el urbanismo a la carta y solo persigue dar plusvalías inmobiliarias en el sector primario».
En el articulado del proyecto de ley hacen falta «respuestas reales a los problemas reales de los agricultores, como son el abandono de las fincas y las ayudas a la comercialización de las explotaciones», ha destacado el socialista.
Es «incongruente y un despropósito total», ha añadido Pons, para quien la ley se centra más en permitir «urbanismo a la carta» a los propietarios rurales, que en ofrecer una «perspectiva de conjunto en la defensa del territorio».
Este proyecto de ley permite «que el Govern se quede con la potestad reglamentaria en materia de agricultura en Mallorca», lo que se deduce de la aplicación de la disposición transitoria segunda del articulado, ha explicado el socialista, que ha calificado el mismo de «anti-estatutario».
El Estatuto de Autonomía reserva esta atribución para los organismos insulares; no obstante, el Consell de Mallorca ha dado el visto bueno, ha alertado el PSIB, que cree «que la presidenta (del Consell de Mallorca, Maria) Salom no se ha leído bien la ley».
Las alegaciones del grupo socialista pretenden destacar también las interacciones que la nueva ley agraria plantea respecto a la normativa ya en vigor, como las directrices de ordenación del territorio y la ley general turística.
Pons ha apuntado la «confusión» que genera el nuevo texto en cuanto a la creación de nuevos agroturismos, ya que con este nombre se definen dos tipos diferentes de establecimientos de alojamiento según se mire bajo actual ley turística o la ley agraria.
Los requerimientos para la instalación, las características del establecimiento u el servicio que se debe prestar son diferentes según se analice una u otra normativa, con lo cual se plantearía un conflicto entre las dos leyes.
«No podemos tener un Govern que regula una misma iniciativa -los agroturismos- de dos maneras diferentes, esta no puede ser la manera de legislar», ha enfatizado Pons.
Las alegaciones del grupo socialista pretenden demostrar que la normativa también «permitirá exonerar al Govern de los posibles incumplimientos de la ley y legalizar construcciones en las Áreas Naturales de Especial Interés».
Esta ley, ha insistido Pons, «solo persigue dar plusvalías a las construcciones en rústico como método de subsistencia del sector primario, en vez de potenciar su vertiente como sector productivo».
Pons ha anunciado reuniones con varios interlocutores del sector primario para pactar la mejora del texto propuesto, «un hecho que debe ser prioritario», ha subrayado.