La instrucción del caso por la compensación de más de 400.000 euros por parte del Ayuntamiento de Vila de la deuda que tenía con la institución la empresa Park Control, anterior concesionaria del servicio de zona azul en el municipio, ha derivado en la imputación de la exalcaldesa Lurdes Costa y de siete de sus concejales, en concreto los que formaban parte de la Junta de Gobierno y aprobaron esta medida.
La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, María Luisa Bustillo Gandarillas, ha citado para declarar en calidad de imputados el próximo lunes en espacios de tiempo de media hora, entre las diez de la mañana y la una y media de la tarde, a la exalcaldesa Lurdes Costa, los extenientes de alcalde Santiago Pizarro y Vicent Torres, y los concejales Vicent Ferrer, Sandra Mayans, Marc Costa, Juan Manuel Rubio e Irantzu Fernández.
La imputación de estas ocho personas del antiguo grupo municipal de PSOE-Eivissa pel Canvi es consecuencia de la denuncia que presentó el empresario Josep Maria Molins el 26 de febrero de 2010 contra Costa y su Junta de Gobierno por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El Ayuntamiento de Vila restó 412.120,51 euros de la deuda que Park Control tenía con la institución, una medida que deriva del pago por parte de la empresa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que exigió la Agencia Tributaria a esta compañía. Sin embargo, tanto la empresa concesionaria de la zona azul como el Ayuntamiento de Eivissa consideran que este impuesto debería correr a cargo de la institución. Fue por este motivo por el que realizaron el descuento de esta cantidad de la mora total que la empresa mantenía con el Ayuntamiento.
Sin embargo, el denunciante opina lo contrario y señala en su denuncia que la empresa adjudicataria del servicio público tiene la obligación de liquidar «los impuestos, tasas, (...), y otros gravámenes y exacciones que resulten de la aplicación según las disposiciones legales con ocasión o consecuencia del contrato o de su ejecución». Por su parte, desde el Ayuntamiento entendieron que el pago del ITP no corresponde a la empresa y lo argumentan con un informe jurídico que insta «a la compensación de los cánones variables», entre los que se encontraría la liquidación de esta tasa.
Archivo y revocación
La Fiscalía de Eivissa pidió el archivo de la denuncia al entender que «el asunto se aleja del ámbito penal», pero el denunciante recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Segunda la revocó y obligó a que «se practiquen las diligencias interesadas por el denunciante», motivo por el que, ahora, la juez María Luisa Bustillo cita a declarar como imputados a los miembros de la Junta de Gobierno de Lurdes Costa.
En su momento, la exconcejala Sandra Mayans, enfrentada con sus antiguos camaradas a raíz del caso Eivissa Centre y que votó a favor de la medida de restar los más de 400.000 euros de la deuda de Park Control, criticó «la disciplina de partido» y dijo que si ahora se ve en el trance de haber sido citada como imputada es por tener «compañeros corruptos».