El presidente de Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Alberto Pons, ha recordado que el proyecto de reforma del puerto de Eivissa «está autorizado por el Ministerio de Fomento, órgano que autoriza las obras que se desarrollan en zona de Dominio Público Portuario estatal».
Asimismo, ha explicado que los trabajos previstos tienen el carácter de Interés General, por lo que están exentos de la obtención de licencia municipal. Así ha contestado Pons a las diversas informaciones aparecidas en relación al inicio de las obras.
El presidente ha dicho que se ha cumplimentado toda la tramitación obligatoria para la realización de este proyecto y se han consensuado aquellos aspectos que el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular de Eivissa han propuesto.
Respecto a la tramitación ambiental, y tras informe del Ministerio de Fomento, el presidente ha recordado que «se concluye que el proyecto no ha precisado ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental al no estar incluido en los Anexos I y II, ni en los supuestos contemplados en el artículo 7.2.c de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental».
Desde Autoridad Portuaria han recordado que disponen de un informe de la Abogacía General del Estado, así como de la Abogacía de les Illes Balears, que pone de manifiesto que la zona afectada por la ejecución del proyecto está fuera de las competencias, en materia de Patrimonio, del Consell Insular de Eivissa.
A pesar de ello, según han explicado, la APB ha solicitado al Ministerio de Cultura, a través de la Abogacía del Estado en Baleares, un informe sobre las cuestiones planteadas por el Departamento de Patrimonio del Consell.
El presidente también ha recordado que en reuniones previas con los técnicos de la Comissió Tècnica de Patrimoni «no se expresó ninguna compatibilidad grave entre el proyecto y las exigencias Patrimoniales de la zona».
Por último, la APB ha dicho que está en condiciones de iniciar las obras durante este mes con el objetivo de que estén finalizadas antes del mes de junio de 2015, evitando así los inconvenientes que el retraso de las obras causaría a los comerciantes que desarrollan su actividad, ya que implicaría que durante la temporada alta los comercios de la zona Sur del puerto de Vila tendrían un acceso en malas condiciones.